Narbona califica la actuación del Consell en la desaladora de "festín de disparates"

El intento del Consell de bloquear la construcción de la desaladora de Torrevieja se ha convertido "en un festín de disparates", afirmó ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en una visita a L'Albufera de Valencia. La ministra no ahorró críticas a las trabas del gobierno popular a la planta y lo acusó de "mala fe". El retraso en la puesta en marcha de la desaladora, que producirá 80 hectómetros cúbicos anuales, tendrá "consecuencias negativas" para la actividad económica y la disponibilidad del agua que necesita la provincia de Alicante, advirtió Narbona.

Un nuevo informe desfavorable de la Generalitat a las obras de la desaladora de Torrevieja, esta vez en relación con los sondeos marinos para colocar la tubería que lanzará al mar la salmuera, provocó la contundente respuesta de la ministra. El gobierno popular de Francisco Camps "engaña a los ciudadanos" cuando afirma que la planta supone "una amenaza para el medio ambiente", al tiempo que apoya proyectos de desalación de ayuntamientos populares como el de Calpe, aseguró la ministra. "Basta ya de victimismos falsos y de hipocresía", zanjó Narbona.

La ministra, tras el intento de paralización de la obra por parte del Consell -una cuestión de competencia que dirimirá el Tribunal Constitucional- y los escollos planteados para acceder por carretera a las obras, echó mano de un recorte de prensa para mostrar que "en el mismo lugar" donde el PP "no quiere la desaladora autoriza la ocupación de 700.000 metros cuadrados para un desarrollo urbanístico". Un espacio para viviendas situado en el perímetro del mismo parque natural de las Salinas que la Consejería de Territorio afirma querer proteger y que consumirá "siete veces más" terreno que la planta desaladora. Junto a la futura fábrica de agua, además de nuevos desarrollos urbanísticos, funciona una depuradora que se ampliará y hay prevista una subestación eléctrica. La planta de Torrevieja, ampliable hasta los 120 hectómetros cúbicos anuales, garantizará el abastecimiento a 2,3 millones de personas y dará suministro a 65.000 agricultores de Alicante y de Murcia.

Aunque en visita de seguimiento de las actuaciones del ministerio para recuperar la calidad ambiental de L'Albufera, Narbona se centró en defender una vez más la actuación de Acuamed en Torrevieja y respondió al último informe negativo de Territorio, publicado ayer por varios medios de comunicación, y que aún no ha llegado a manos del ministerio. Según explicó, del dictamen "se derivaría que el ministerio todavía no sabe dónde irá a parar la salmuera", lo que no se ajustaría a la realidad. En la solicitud se precisa la ubicación de la tubería que echará al mar la salmuera resultante de la desalación y la de los difusores que diluirán la concentración salina. Narbona hizo hincapié en que los sondeos que realiza Acuamed en el fondo marino no tienen "nada que ver" con la instalación final, ya que se trata de buscar puntos de anclaje para la maquinaria que colocará la tubería de la salmuera, que se introducirá en el mar "a 700 metros de la pradera de posidonia".

Ante esta nueva objeción a la obra, la ministra lamentó "la mala fe de la Generalitat respecto de la planta de Torrevieja" lo que a su juicio no perjudica al Gobierno, "sólo a los valencianos". La titular de Medio Ambiente, acompañada por la candidata socialista a la alcaldía de Valencia, Carmen Alborch; el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé; el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, y el director general de Acuamed, Adrián Baltanás, entre otros, contrapuso a las críticas del PP la inversión del Gobierno socialista, que cifró en 508 millones de euros en tres años frente a los 170 de la etapa popular. También recordó que el plan de recuperación medioambiental de L'Albufera costará 222 millones de euros y tiene la mayoría de actuaciones en marcha.

El consejero de Territorio, Esteban González Pons, insistió en que la construcción de la desaladora de Torrevieja "puede llevar" a la ministra ante los tribunales "por delito contra el medio ambiente".