El responsable de CPV niega ante el juez haber estafado a 2.000 familias
El juicio por la macroestafa de la Cooperativa Peninsular de Viviendas (CPV) a casi 2.000 familias -que entregaron 27 millones de euros como adelanto para unas viviendas para las que la empresa no tenía suelo- se inició ayer con la declaración del principal acusado, Francisco García Moreno. Éste culpó del agujero económico en su empresa a los síndicos nombrados por el juez para gestionarla después de que ésta entrara en suspensión de pagos. El acusado insinuó que los síndicos han gastado 22 millones de euros "en minutas y gastos de bancos".
También se negó a explicar la permuta por la que CPV entregó casi todos sus bienes -35 apartamentos, 7 dúplex, 25 parcelas y 1 chalé- a otra empresa a cambio de "32 hectáreas de terrenos en Chinchón y 4,4 millones de euros". Las acusaciones creen que la permuta quería ocultar bienes para evitar resarcir con ellos a los estafados.
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