La Junta tiene ya cuantificada la deuda histórica en educación, salud y vivienda

Cifras hay, otra cosa es que el Gobierno andaluz quiera o vaya a hacerlas públicas por ahora. La Consejería de Economía y Hacienda tiene cuantificado el dinero que tenía que haber recibido Andalucía del Estado por las transferencias de tres servicios -educación, sanidad y vivienda- al inicio de la autonomía. Y trabaja en la valoración por los traspasos en servicios sociales. "Tenemos números muy precisos", afirma la viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, quien critica la "frivolidad" de las cantidades apuntadas por los partidos. Éstas van desde los 1.148 millones de euros -punto de referencia para el Ejecutivo- hasta los 10.000 millones. "Esto no es el Ibex 35", subraya.

Aunque no lo parezca, la liquidación definitiva de la deuda histórica está por primera vez al alcance de la mano. Y lo está porque el nuevo Estatuto de Autonomía establece 18 meses para su cuantificación y tres años (2010) para su pago. Esta redacción fue acordada, tras tensas y duras negociaciones, por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el vicepresidente económico, Pedro Solbes, cuando se negoció el Estatuto en el Congreso en el otoño pasado.

El Ejecutivo autonómico dispone de una evaluación que no hace pública, pero Chaves, en cambio, sí ha pedido a los partidos de la oposición que le den las suyas bien argumentadas y justificadas. Sostiene que si pone una cantidad encima de la mesa, se la van a triplicar y quiere evitar que se abra "una subasta".

La Junta viene trabajando con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde el inicio de la legislatura con el objetivo de "llegar a un acuerdo". Y con una metodología que ya se empleó cuando se pagó en 1997 un anticipo de 120 millones de euros. "Se ha verificado el estado real de los servicios en el momento de la transferencia y se ha comparado con el resto del Estado", afirmó ayer Carmen Martínez Aguayo. La viceconsejera asegura que el trabajo de la Junta "ha sido duro", porque, entre otros asuntos, ha habido que rastrear los decretos de transferencias de otras comunidades. "Es muy complejo", asegura Martínez Aguayo, quien califica de "frivolidad" las cifras que han facilitado las formaciones políticas.

La Junta tiene cuantificados la deuda histórica en educación, sanidad y vivienda, unos números que Martínez Aguayo no facilita, pero que ya conoce la Administración del Estado "desde hace mucho tiempo".

La cifra que los socialistas manejan como "punto de referencia" es la de 1.148 millones de euros. Fue la que barajó en diciembre de 2003 el entonces portavoz socialista, José Caballos, en un pleno del Parlamento, aunque los diputados no llegaron a votarla.

En privado los socialistas aseguran que ésa será, muy probablemente, la cantidad que acuerden los Gobiernos central y andaluz. Los planes pasan porque se llegue a un acuerdo antes de final de año y se produzca ya un primer pago en el presupuesto de 2008, año en el que están previstas las elecciones generales y autonómicas.

El resto de los grupos han tirado hacia arriba. El PP ha dado tres cifras: 1.148, la que dijo el PSOE en la Cámara; 3.500, la que supuestamente pactó Zapatero con el Gobierno catalán; y 4.500 millones de euros, en los que se incluyen el déficit de inversiones estatales.

IU pide, dependiendo de quién es el interlocutor, entre 7.500 millones de euros, en boca de la portavoz, Concha Caballero, y 3.000 millones, en la del coordinador, Diego Valderas. El PA siempre ha sido reacio a poner ceros a la deuda histórica. No obstante, su actual secretario general, Julián Álvarez, la cifró, antes de la negociación del Estatuto en 10.000 millones: 1.000 millones anuales a pagar en 10 años.

Unas cifras que a Martínez Aguayo le llevan a decir: "Esto no es el Ibex 35".