Empieza el juicio por la macroestafa de la CPV, con 2.000 afectados

Comienza hoy en la Audiencia de Madrid el juicio por la macroestafa inmobiliaria de la Cooperativa Peninsular de Viviendas (CPV). En noviembre de 2002, en pleno auge de la especulación inmobiliaria, varios miles de afectados de la CPV se manifestaron reiteradas veces por Madrid contra la ausencia de fiscalización de las cooperativas de viviendas.

Cuatro directivos de CPV y dos supuestos testaferros se sientan en el banquillo, en sesiones que durarán hasta el próximo julio, para responder de una estafa por la que el fiscal les pide un total de 72 años de cárcel y exige que los acusados paguen una multa de 60.000 euros diarios durante 36 meses. Son casi 2.000 afectados que perdieron sus ahorros, entre 20.000 y 70.000 euros. La estafa total se eleva a 26.802.184 euros.

Cuatro años ha tardado la justicia en sentar en el banquillo a los acusados de perpetrar una de las mayores estafas inmobiliarias ocurridas en Madrid en los últimos 30 años y que fue destapada por EL PAÍS en noviembre de 2002.

Familias sin ahorros

Según el fiscal, seis personas vinculadas a CPV dejaron sin sus ahorros a 1.889 personas humildes -entre ellas, muchas parejas de novios- que aspiraban a tener un piso en los nuevos barrios del norte de Madrid: Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas. El fiscal asegura que Francisco García Moreno, ayudado de sus dos hijos y dos testaferros, y experto en negocios inmobiliarios, consiguió que los afectados le entregaran 37 millones de euros a cambio de casas en los nuevos desarrollos urbanísticos. Los acusados, según el fiscal, destinaron a los preparativos de la construcción de las casas sólo una mínima parte de los 37 millones que captaron de sus víctimas e "incorporaron el resto [del dinero] a su patrimonio".

El fiscal define a Francisco García como el cerebro de esta gran estafa. La CPV se constituyó el 30 de diciembre de 1997. Francisco García puso al frente de la CPV, para no figurar él, a sus dos hijos -los hermanos y también acusados Miguel Ángel y Francisco García Sánchez- y a un amigo de éstos, Miguel Ángel Morillo.

En 1998, los procesados decidieron intervenir en los desarrollos urbanísticos del norte de Madrid, pero sin recursos ni apenas suelo en la zona. Ofrecieron chollos, lo que despertó el interés de muchas parejas que querían disponer, en ese lugar, de una casa con zona ajardinada, piscina y pista de pádel. CPV decía a las familias que el dinero que entregasen estaría avalado por un gran banco. Todo mentira. Parte del dinero se lo gastaron los directivos de CPV en gastos suntuarios.

Francisco Lozano, abogado de Miguel Ángel Morillo, señaló ayer que su cliente es "inocente" y descargó toda la responsabilidad en Francisco García. "Mi cliente es empleado y administrador de una sociedad mancomunada concebida, dirigida y administrada por Francisco García, tal y como él mismo tiene declarado en las actuaciones".