La plantilla de Delphi radicaliza su protesta con fuego y barricadas

Los trabajadores de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz) radicalizaron ayer las protestas contra la decisión de la empresa de automoción americana de cerrar la planta. La plantilla cortó la carretera N-443 -la que une Puerto Real con Cádiz- durante más de una hora y media con barricadas y hogueras en dos puntos de la vía: frente a la fábrica y a unos cien metros del puente Carranza, uno de los dos únicos accesos a la capital.

Unos 800 trabajadores se concentraron en la vía y quemaron ramas, neumáticos y palés para evitar el paso de los vehículos. "Quienes creían que la plantilla de Delphi no podía manifestarse con contundencia se habían equivocado", señaló Antonio Pina, presidente del comité de empresa, quien explicó que la protesta pretendió ser también un recordatorio de la huelga general que hay convocada mañana en las poblaciones de la Bahía de Cádiz.

La intensificación de las protestas coincidió con la decisión del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, que ayer resolvió admitir a trámite la solicitud de concurso (suspensión de pagos) presentada por Delphi. El auto de la jueza, Nuria Orellana, concluye que la sociedad "se encuentra en situación de insolvencia inminente de conformidad con el artículo 2.3 de la Ley Concursal, ya que resulta previsible que la sociedad en el mes de mayo no pueda cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones exigibles". El juzgado ha tenido en cuenta la escasez de recursos alegada por la empresa y la "acusada, cada vez de manera más notable, pérdida de negocios muy importantes que no han sido sustituidos". El auto señala también la posibilidad de que la operación de Delphi responda a un proceso de deslocalización, aunque mantiene que este caso "no excluiría la posibilidad de concurso de la sociedad".

Posible recurso

El comité de empresa, que confiaban en que la jueza no admitiese a trámite la solicitud, estudia si recurrirá el auto. Con todo, no dan nada por perdido: "Esto ni supone el cierre, ni impide las negociaciones", aclara Pina, que insiste en que la plantilla continuará con la misma estrategia de movilizaciones.

La Junta de Andalucía, que también había manifestado sus esperanzas en que el juzgado no aceptase el proceso, ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien las medidas legales oportunas y, en su caso, el recurso correspondiente, "por si pudiesen existir indicios de fraude en la documentación aportada por la sociedad". El Gobierno andaluz recuerda, en cualquier caso, que la admisión a trámite no significa que deba suspenderse la actividad empresarial.

Por otro lado, la auditoría encargada por la Junta de Andalucía sobre la situación actual de la planta ha confirmado que la dirección de esta factoría envió diversa maquinaria tecnológica, subvencionada con dinero público andaluz, a centros de producción de esta multinacional en otros países. El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, confirmó ayer este extremo y anunció que ahora se determinará si se ha incurrido en alguna ilegalidad.