Condena en firme

El Parlamento Europeo ha vuelto a condenar el mal urbanismo que se practica en nuestro país, y que tantos destrozos lleva ya provocados en el territorio. Aunque la decisión se esperaba, ha sorprendido la dureza que manifiesta el informe con la Comunidad Valenciana. Lo de menos es la mención a la conducta arrogante que sostuvieron las autoridades con los parlamentarios europeos. En última instancia, esto no pasa de ser una cuestión de cortesía, de escaso hábito en las reglas diplomáticas. Lo decisivo, a mi parecer, son los términos en que ahora se denuncian los acuerdos entre alcaldes y promotores inmobiliarios, y el perjuicio que ello causa a los ciudadanos. Es cierto que estos asuntos se habían denunciado repetidas veces en la prensa, pero la votación del Parlamento Europeo les da ahora un carácter oficial.

La reacción de González Pons ante los hechos ha sido la previsible, sin que se haya separado un milímetro de la línea oficial que sustenta el Consell. Sorprende, si acaso, el tono desabrido que el consejero ha empleado en esta ocasión. Calificar a los parlamentarios de colonialistas, o de escribir el informe bajo los efectos de una mala digestión, no va a ayudarnos a defender nuestros intereses en Europa. Si el consejero cree en las bondades de nuestras leyes urbanísticas, debería buscar argumentos de un mayor peso para convencer. Pero no creo que, en estos momentos, le preocupe demasiado a González lo que Europa diga o deje de decir. Estos aspavientos se hacen para el consumo interno.

El informe del Parlamento Europeo es particularmente riguroso con los promotores, a quienes acusa de malas prácticas en algún momento. También asegura que "las presiones a favor de la ejecución de grandes proyectos urbanísticos suelen proceder de la comunidad empresarial, que es la que más se beneficia de esta lucrativa actividad". A estas graves denuncias, los empresarios han dado una respuesta moderada, que en nada recuerda la reacción de anteriores ocasiones. Es probable que el cambio de comportamiento se deba a la proximidad de las elecciones autonómicas y a la menor actividad de la construcción. El mundo no es hoy el mismo que el de unos meses atrás. A este respecto, conviene prestar atención a la carta que ha publicado en la prensa el secretario de los promotores inmobiliarios, Benjamín Muñoz, y que es del mayor interés.

Muñoz pretende, si no estoy equivocado, rehabilitar la imagen de los promotores, muy deteriorada ante la opinión pública por las actuaciones de los años pasados. En esa línea, el escrito se muestra conciliador, y abundan en él los buenos propósitos. Incluso podríamos decir que abundan los excelentes propósitos. Considera Benjamín Muñoz que "nos encontramos en un buen momento en el que debemos mirar hacia delante y replantearnos qué tipo de ciudades queremos para las futuras generaciones. Debemos reinventar el urbanismo". Las palabras de Muñoz son muy oportunas. Lo hubieran sido más, desde luego, publicadas hace cinco o seis años. En cuanto al urbanismo, no creo que debamos reinventar nada. Sólo hace falta escuchar a los especialistas, que llevan tiempo ocupándose de estos temas, y aplicarlo con sentido común a nuestras ciudades y pueblos. En última instancia, diría que se trata de anteponer las necesidades de los ciudadanos a la codicia de algunos promotores, en contra de lo que sucedía hasta el momento.