El tribunal niega la protección al comisario citado por Díaz de Mera

El tribunal del 11-M negó ayer la protección de reserva de identidad a la supuesta fuente del caso Díaz de Mera. Los magistrados alegan que el anonimato del comisario ha quedado roto por los medios de comunicación y la carta dirigida por el afectado a sus superiores y, por tanto, carece de objeto la protección y la reserva de identidad del testigo. El comisario Enrique García Castaño estaba ya citado como testigo.

Tres policías a los que aludió el ex director general sólo declararán tras hacerlo la fuente

El tribunal del 11-M decidió reservar provisionalmente la identidad de la fuente al mismo tiempo que incorporaba a la causa la carta que Agustín Díaz de Mera, director general de la Policía durante el último Gobierno del PP, había remitido para subsanar su falta de colaboración con la justicia en el juicio.

La negativa de Díaz de Mera a identificar a una supuesta fuente que le habría informado de la existencia de un informe en el que se vinculaba a ETA con los islamistas del 11-M y que posteriormente habría sido manipulado le había supuesto la imposición de una multa de 1.000 euros y que los magistrados instasen un proceso contra él por delito de desobediencia grave a la autoridad judicial.

En la carta, enviada el 1 de abril pero que fue incorporada al rollo de sala el martes día 10, Díaz de Mera revelaba la identidad de la fuente que supuestamente le había informado de la existencia de un informe encargado por el entonces comisario general de Información Telesforo Rubio, con el supuesto fin de descartar la relación entre ETA y los islamistas. Según la versión ofrecida en la carta por Díaz de Mera, el encargo fue hecho al comisario Domingo Pérez Castaño, pero como éste habría concluido que existían vínculos entre las organizaciones terroristas mencionadas, habría sido trasladado al País Vasco y sustituido en la redacción del informe por el comisario José Cabanillas. El informe fue retocado finalmente por un hombre y una mujer, según la versión de Díaz de Mera.

Pero antes de que la fiscalía reclamase la declaración de todos ellos en calidad de testigos, se conoció que la fuente mencionada por Díaz de Mera, el comisario Enrique García Castaño, había elevado un escrito a sus superiores en el que destacaba que estaba siendo presionado por Díaz de Mera para que asumiera su versión y así poder salvaguardar su posición en el PP.

El caso es que el comisario Domingo Pérez Castaño también había desmentido por carta cualquier participación en la elaboración del informe citado y en las elucubraciones de Díaz de Mera.

El tribunal se había planteado otorgar a García Castaño el estatuto de testigo protegido y reservar su identidad, pero a la vista de que "el anonimato ha quedado roto, carece de objeto la protección, apareciendo como injustificada la reserva de la identidad". Por tanto, García Castaño tendrá el régimen de testigo ordinario.

El tribunal recuerda que el comisario ya estaba citado como testigo, como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), para que explique los tráficos de llamadas entre los teléfonos de los terroristas y sus colaboradores. Así que, en ese momento, también declarará sobre el asunto de Díaz de Mera. Respecto de los otros tres comisarios mencionados por Díaz de Mera y propuestos como testigos por la fiscalía, el tribunal señala que nunca declararían antes de que lo haga García Castaño. Sólo después de oír a éste el tribunal valorará si es necesario su testimonio o si carece de interés por haber quedado desvirtuada la tesis expuesta por Díaz de Mera sobre la base de un supuesto testigo de referencia que precisamente niega la veracidad de la tesis.

Mientras, el enfrentamiento político por las declaraciones en el juicio de la cúpula policial en la época del Partido Popular sigue creciendo. El ministro del Interior del 11-M, Ángel Acebes, insistió ayer en que siempre dijo "lo que transmitió la policía" y que no mintió a los ciudadanos. "Los que mintieron fueron los socialistas para tapar los GAL, la corrupción, también del 11 al 13 de marzo o cuando dijeron que habían verificado el alto el fuego de ETA. Se les ha visto el plumero", afirmó.

Acebes añadió: "Es indecente pretender echar a la cara del Gobierno un atentado". El dirigente del PP se refería a la petición de responsabilidades por parte del PSOE al anterior Gobierno por el 11-M y a la petición del abogado de dos víctimas de la masacre de que se condene como responsable directo del atentado al Estado.

La vicepresidenta primera del Gobierno, maría Teresa Fernández de la Vega, por su lado, manifestó que "cada vez resulta más evidente que el Gobierno del PP en aquellos días no dijo la verdad, ocultó datos y retrasó la información".