La oposición llevará al fiscal las presuntas irregularidades urbanísticas de Vitoria

El concejal de Urbanismo de Vitoria, el popular Jorge Ibarrondo, tendrá que explicar ante la Fiscalía si ha cometido un presunto delito de prevaricación en la tramitación de dos urbanizaciones de chalés, tal y como le acusa la oposición (PNV, PSE, EB y EA), mayoritaria en el pleno municipal. "Ibarrondo ha tenido un comportamiento irregular, arbitrario y parcial", denunció ayer el portavoz del PNV, Mikel Martínez. El alcalde, Alfonso Alonso, replicó que en ese caso el concejal podrá defenderse de lo que considera una campaña que "carece de validez jurídica".

Restan 45 días para las elecciones municipales y, en Vitoria, la convocatoria puede ir acompañada de ruido en los juzgados si llega a la Fiscalía de la Audiencia Provincial la denuncia sobre supuestas irregularidades cometidas por el concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, en el ejercicio de sus funciones. El próximo 20 de abril, el pleno municipal votará, con el apoyo de PNV, PSE, EB y EA, la remisión al fiscal de las conclusiones de la comisión especial que ha investigado la tramitación de dos urbanizaciones de chalés en el pueblo de Ali y el barrio de Ibaiondo. En estas conclusiones, que la oposición ha impuesto gracias a su mayoría en el pleno municipal, se apunta que el edil popular ha obrado en contra del interés público, a sabiendas.

Las dos operaciones cuestionadas son una urbanización en el barrio de Ali, donde se han levantado siete chalés en un terreno que sólo podía acoger seis, según los técnicos municipales, y el complejo de viviendas unifamiliares bioclimáticas de precio tasado de Ibaiodondo, que sufrieron una subida de 54.000 cada una, en una decisión que se llevó a cabo a espaldas del pleno municipal.

El alcalde, Alfonso Alonso, que también tuvo que comparecer ante la comisión que estudió las presuntas irregularidades, considera que este proceso ha sido "una escenificación, en la que la oposición ha ejercido de juez y de parte". Durante el proceso, Alonso ha invitado a la oposición que lleve el caso de una vez a los juzgados. "El Ayuntamiento concede al año 4.000 licencias de obra mayor, 2.600 de obra menor, abre 2.460 expedientes urbanísticos y atiende 1.000 consultas de este tenor", dijo Alonso en su comparecencia para indicar que se estaba juzgando con mala fe la gestión del concejal.

Pero las conclusiones de la oposición son contundentes. Tanto en Ali como en Ibaiondo, el concejal popular habría cometido un presunto delito de prevaricación. Ayer, el peneuvista Mikel Martínez acudió a distintos artículos del Código Penal para argumentar su postura favorable a llevar a los tribunales estos dos casos. En la urbanización de Ali, "Ibarrondo firmó la concesión de la licencia urbanística en contra de todos los informes de los técnicos municipales", resumió Martínez.

En cuanto a las 24 viviendas unifamiliares de Ibaiondo, levantadas sobre suelo municipal, que sufrieron una subida de 54.000 euros sobre los 250.000 estipulados por el pleno, el portavoz del PNV estima que Ibarrondo tomó una decisión "arbitraria". Esta ha llevado al "enriquecimiento sin causa de la empresa constructora" y al "empobrecimiento del patrimonio público", en el caso de que sea el Ayuntamiento el que tenga que correr con esta subida, denunciada por los compradores y censurada por el Ararteko.

"Merece una investigación"

El resto de la oposición estima que la actuación de Ibarrondo ha estado plagada de irregularidades. "Si las sospechas estaban fundadas antes de su comparecencia en la comisión, tras su declaración ya no hay dudas: el caso merece una investigación por parte de la fiscalía", señaló el socialista Juan Carlos Alonso. Los portavoces de EB, José Navas, y EA, Antxon Belakortu, mantienen sus sospechas ante este trato de favor a las constructoras y piden que se investigue si se han podido producir contrapartidas a cambio.

Jorge Ibarrondo salió ayer al paso de estas acusaciones y afirmó que las conclusiones de la comisión son "absolutamente arbitrarias, subjetivas y parciales", porque sólo recogen parte de los testimonios de quienes comparecieron. "No es cierto que todos los técnicos informaran en contra de levantar siete chalés en Ali", matizó el concejal de Urbanismo. Y aseguró que todos los grupos supieron de la subida del precio de las viviendas de Ibaiondo, en una reunión de la Agencia de Renovación Urbano

[departamento responsable de la construcción de las viviendas de promoción pública] celebrada el 17 de junio de 2004, "y no dijeron nada".