A buenas horas mangas verdes

"Nos tenemos que mover en este asunto sólo sobre la base de los hechos y al día de hoy no está acreditada la relación ETA-islamistas en la comisión del atentado. Lo que no hay que hacer es especular", declaró ayer Ignacio Astarloa, ex secretario de Estado de Seguridad, tras afirmar que el entonces director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, está diciendo la verdad sobre el presunto informe policial en el que se habrían manipulado datos sobre la participación de ETA. ¿Insinúa elegantemente Astarloa que Díaz de Mera no está hablando de hechos sino de especulaciones?

La carta dirigida por Díaz de Mera al presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, es una nueva versión de los hechos. Difiere tanto de la que ofreció en septiembre pasado a los medios afines a la teoría de la conspiración como de su propia declaración como testigo el pasado 28 de marzo en el juicio oral. Una de las principales consecuencias de su carta podría ser su nueva comparecencia para someter a prueba sus novedosas afirmaciones, aparte de la de aquellos policías a los que cita en su misiva.

Muchos altos cargos policiales han alimentado todo tipo de cotilleos y rumores

Díaz de Mera sostiene ahora que su fuente de información, el comisario Enrique García Castaño, le ha aclarado que el informe que el eurodiputado daba por escamoteado al juez Juan del Olmo fue entregado al magistrado... después de ser previamente manipulado.

Sostiene Díaz de Mera que el documento fue elaborado primero por el entonces jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la policía, con carné profesional 18.684, que su manipulación corrió a cargo de "otro funcionario policial llamado 13.610". Y que finalmente este "informe así modificado, pasó por otras dos manos, las de dos funcionarios, un hombre y una mujer, que dieron la redacción final al documento".

Todo esto afirma saberlo Díaz de Mera, según su carta, por boca de Enrique García Castaño. El informe que obra en el sumario comenzó a ser elaborado por Domingo Pérez Castaño (carné profesional 18.684), quien, según su propia versión, fue sustituido en la UCI por asuntos que nada tenían que ver con dicho trabajo. Su sucesor, el comisario José Cavanillas (carné profesional 13.610), continuó el informe y dos policías de dicho departamento, un hombre y una mujer, lo redactaron con su firma.

El amplio informe sobre hipotéticas relaciones entre ETA e islamistas -inexistentes- en el atentado del 11-M fue enviado al juzgado en febrero de 2006. Los tres comisarios implicados en el montaje por Díaz de Mera -el antiguo comisario general de Información, Telésforo Rubio; Pérez Castaño y Cavanillas- niegan tajantemente esta versión de los hechos. Y el cuarto comisario, Enrique García Castaño, que Díaz de Mera acaba de revelar como su fuente informativa, también.

García Castaño ha mantenido una relación fraternal con Díaz de Mera. Han hablado por teléfono y se han reunido a comer. La versión de García Castaño es inequívoca: siempre le aconsejó a Díaz de Mera alejarse de la teoría de la conspiración según la cual ETA tuvo participación en el atentado del 11-M. Por una razón sencilla, dicen personas próximas al comisario: fue Enrique García Castaño quien desde la misma mañana del 12 de marzo de 2004 investigó en directo los hechos y pudo apreciar lo que ya era una evidente obra del terrorismo islamista.

Es posible, según fuentes policiales, que toda esta historia no sea más que una comedia de enredo. Muchos altos cargos policiales que se han sentido agraviados por el cambio de Gobierno han alimentado todo tipo de rumores, utilizando con ánimo de vendetta comportamientos poco profesionales, cuando no chapuceros, de la cúpula policial designada por los socialistas. La explotación de este ambiente por el periodismo hurón interesado en desgastar al Gobierno fue óptima. Si Díaz de Mera consideraba su información relevante, ¿por qué no acudió al juez y presentó una denuncia para que se investigasen los hechos? Respuesta: porque entonces no estaba en juego, como ahora, su pellejo político y judicial.