Educación designa a dedo los tribunales de la inspección

La consejería de Educación ha hecho públicos los borradores de las órdenes de la convocatoria de oposiciones a los cuerpos docentes de maestros, profesores de secundaria y de la inspección educativa. La Associació d'Inspectors d'Educació del País Valencià (ADIDE-PV) cuestiona la "designación digital" de los miembros del tribunal de oposición que juzgará las pruebas de los futuros inspectores y se pregunta los motivos por los que la Administración Educativa "no sigue los mismos criterios de nombramiento que en el resto de cuerpos docentes".

José Joaquín Pérez, secretario de la Junta Directiva de ADIDE, explica que en los tribunales de oposición para maestros y profesores se cumple el decreto estatal que regula el acceso a los cuerpos docentes. De tal manera que los miembros de forman parte de estos tribunales, salvo el presidente son elegidos por sorteo entre los funcionarios de carrera. "Esto no es una cuestión banal, es una medida que reafirma la independencia de los tribunales y garantiza su imparcialidad", explica esta asociación de inspectores.

Sin embargo, en el caso de las oposiciones al cuerpo de inspectores todos los miembros son de libre designación, es decir nombrados "a dedo por Educación". Los inspectores de esta asociación lanzan una serie de interrogantes sobre esta medida: "¿Por qué no se ha seguido el mismo criterio que para profesores y maestros?, ¿qué razones justifican la decisión de la consejería? ¿Será que la Inspección es diferente y no requiere de las mismas garantías de transparencia, imparcialidad y objetividad de los cuerpos docentes?".

También se preguntan si es que la Generalitat recela del actual cuerpo de inspectores y "considera que no somos bastante competentes, ecuánimes, justos y honrados para ser miembros de un tribunal". Esta medida, según consideran los inspectores, afecta a su credibilidad ante la sociedad y ante los centros que tienen que evaluar. "No queremos mal pensar, pero esta medida podría inducirnos a pensar que existe una intención intervencionista, de parcialidad, en la designación del tribunal con el objetivo de que determinadas personas aprueben la oposición". La ADIDE-PV considera que son "demasiados los perjuicios que se derivan de una medida que deteriora la imagen de la Consejería".