Privilegios civiles

En estas fiestas de Semana Santa, como sucede en los períodos preelectorales, aparecen encuestas, opiniones, entrevistas relacionadas con lo religioso. En estas encuestas y manifestaciones se nos hace saber que todos somos católicos -casi un 98%-. Bautizos, primeras comuniones, bodas y entierros son su base; sólo un 28% se confiesa católico practicante. No seré yo quién ponga en tela de juicio el deseo de los dirigentes de la Iglesia española de masificar creencias, fe, y vocaciones. Son cuestiones que afectan directamente a la institución. A su particular forma de entender lo católico, aunque dan la impresión que sus resultados se basan más en actos sociales puntuales, que en un compromiso de educación cristiana permanente. No obstante, como en numerosas ocasiones, las actuaciones de algunos pastores no sólo destacan estas cuestiones, sino que se ayudan de ellas para destrozar algunos valores fundamentales que la sociedad se ha dado, hay que señalarlos. Uno de estos destrozos, y lo pondré de manifiesto siempre que tenga oportunidad, viene siendo el despido de los profesores de religión de los colegios públicos. El hecho de estar divorciado, tomar copas o, sencillamente como ocurrió en un colegio de Málaga, estar afiliado a IU han sido motivo de cese en los colegios públicos.

Ceses que son la negación de los derechos constitucionales de estos profesores, escudándose en un Concordato que actúa como impermeable frente al Derecho y que, sin este acuerdo, no serían posible. Y éste es uno de los peligros por la impunidad que se transmite. La existencia de unos privilegios que amparados en un compromiso de Estado -que nació en el nacional catolicismo de 1953-, siguen valiendo en la actualidad, sin que las reformas le hayan hecho de mejor condición.

No se trata, como ha sucedido en una parroquia de Vallecas (Madrid), que tres curas hayan decidido cambiar liturgia y en la eucaristía en lugar de hostias, repartan rosquillas de pan, por lo que el cardenal Rouco haya decidido suspenderles y cerrar la parroquia. No. La Iglesia es muy dueña de ordenar y querer que sus curas se acomoden a su liturgia; que no se dispersen ni sustituyan sus actos eclesiásticos universales por otros al leal y saber entender de cada cura. No. El problema no es éste.

El problema es que algunos dirigentes quieren que su liturgia les valga para lo eclesiástico y para lo civil. Éste es el problema por las personas a las que afecta y por el ejemplo que se da. Unas veces lo sufren y siguen sufriendo, porque Dios no lo remedia ni el Tribunal Constitucional tampoco, los profesores de religión y otras, como ha ocurrido la pasada semana, dos inmigrantes. Ahora resulta, según el cantar del actual arzobispo de Granada, que las extranjeras no pueden ser novicias ni, por tanto, monjas. Si quieren ser novicias tienen que haber hecho profesión de fe y pertenecer a una congregación religiosa en su país de origen. En España no puede llegarles la vocación. El arzobispo dictó una orden en 2003 para salvaguardar la autenticidad de las vocaciones y, entre estas medidas, aplica la Ley de Extranjería -versión PP-.

En fin que, como por sus hechos le conoceréis, no debe creer que la vocación es una llamada que no está sujeta a patria; que puede surgir en la India, en Granada o en Pernambuco y que el pastor no es el encargado de prenderla ni predecir el lugar, por mucho báculo que sujete.

Tal vez, quiero soñar, que la política que se siga en las comunidades autónomas termine ayudando a revisar una situación arcaica que afecta a nuestros colegios aunque, por los últimos pasos dados a nivel del Estado, mucho temo que vamos a seguir teniendo nuestro particular Guantánamo. En cuanto al arzobispo de Granada, su falta de caridad y su incredulidad por las vocaciones, es una más en la historia que está escribiendo en Granada. Ahora ha tocado a dos inmigrantes; antes fue el sacerdote y ex archivero de la Catedral. Menos mal que, en el ámbito penal, todos estamos sujetos al ordenamiento jurídico español. Este arzobispo también. Es una tranquilidad.