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La patronal pide incorporar a los inmigrantes a la seguridad privada

En Cataluña faltan más de 3.000 puestos de trabajo de vigilante

La patronal de la seguridad privada, Aproser, exigió ayer a los poderes públicos que impulsen los cambios legislativos necesarios para que los inmigrantes extracomunitarios puedan trabajar como vigilantes de seguridad. Según la asociación, el sector necesita cubrir más de 3.000 puestos de trabajo sólo en Cataluña -20.000 en el conjunto de España- para cubrir las necesidades de un mercado en crecimiento.

La Ley de Seguridad Privada, una norma de ámbito estatal aprobada hace 15 años, restringe el acceso a la profesión de vigilante de seguridad a los ciudadanos de nacionalidad española o procedentes de algún país miembro de la Unión Europea. Los inmigrantes de origen extracomunitario -la mayoría de los que residen en el país- quedaron, por tanto, excluidos. España es el único país del orbe comunitario que mantiene esta situación.

"¿Cómo es posible que un suramericano pueda ingresar en el Ejército, pero no pueda trabajar como vigilante?", se preguntó ayer el secretario general de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Seguridad, Eduardo Cobo, en el marco de una jornada sobre buenas prácticas en la seguridad privada, que se celebró en la sede de Fomento del Trabajo, en Barcelona.

En la misma línea se expresó Javier Mirallas, presidente en Cataluña de una asociación que agrupa a las principales empresas del sector, entre ellas Prosegur, Securitas o Eulen: "¿No dice [el consejero de Interior] Joan Saura que los Mossos han de incorporar a inmigrantes para que sean representativos de la sociedad?", añadió Mirallas ante un centenar de asistentes entre directores de empresas, políticos de la Generalitat y de la Administración central, y responsables del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

En Cataluña trabajan cerca de 13.000 vigilantes de seguridad. La cifra es "escasa", provoca que "no se puedan prestar todos los servicios demandados" y obliga a las empresas a "recurrir a personal auxiliar". Los excesivos trámites burocráticos contribuyen, según la asociación, a perpetuar la escasez de mano de obra. La ley fija para el personal de seguridad una formación reglada de 180 horas en centros oficiales, así como la necesidad de superar un examen del Ministerio del Interior.

En la clausura de la jornada, el vicepresidente de Fomento, Eusebi Cima, aprovechó para pedir a la Administración "sensibilidad" ante el déficit de personal. Cima recordó el peso económico de Aproser: 3.000 millones de beneficio, más de 100.000 empleados, 80% del volumen de negocio del sector. Junto a él estuvo sentado el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, que recogió el guante: "Somos receptivos, y todas las propuestas para actualizar las normas son bien recibidas", apuntó.

Más coordinación

En lo que sí hubo coincidencia plena fue en la necesidad de aumentar la cooperación entre las empresas de seguridad privada y los cuerpos policiales que operan en Cataluña. "Ese es el gran reto", señaló el secretario de Seguridad Pública de la Generalitat, Joan Delort, quien anunció la creación de un órgano específico en el seno del departamento de Interior para abordar la relación con los operadores privados de seguridad.

En este sentido, la responsable de servicios de seguridad privada de Interior, Maria Elena Quintana, subrayó que el nuevo Estatuto supone un "salto cualitativo", porque permite a la Generalitat "inspeccionar y sancionar las actividades de las empresas", así como "autorizar los centros de formación".

Aunque el asunto no se debatió ayer en Fomento, los sindicatos denunciaron el elevado intrusismo en la seguridad privada que, según el sindicato catalán SIPVS, alcanza al 40%. Los representantes de los trabajadores acusaron a las empresas de contratar a "auxiliares de servicios" sin formación cuando se quedan sin vigilantes habilitados. El problema es que desempeñan funciones propias de un vigilante de seguridad. Según la ley de 1992, las empresas pueden crear sus propios centros de formación y eso, según los sindicatos, hace que "acaben regalando los títulos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de marzo de 2007