El Gobierno acusa al Foro Ermua de un delito de contramanifestación

La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, acusó ayer al Foro Ermua de haber cometido el lunes un delito de contramanifestación y no descartó emprender acciones legales por ello. Según el Ejecutivo, fue esa asociación la que provocó con insultos a quienes se concentraron "cívicamente" en apoyo al lehendakari. Azkarate eludió rechazar la agresión contra Antonio Aguirre, a la espera de un informe que elabora la Ertzaintza.

El Gobierno emitió una declaración de agradecimiento a quienes se concentraron ante el Palacio de Justicia de Bilbao en apoyo al lehendakari y adjudicó al Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia toda la responsabilidad de los incidentes ocurridos. Según la portavoz, los integrantes de los citados colectivos habrían cometido un delito de contramanifestación por concentrarse "sin autorización" y provocado en todo caso los incidentes que terminaron en la agresión contra Antonio Aguirre, en los aledaños de la sede judicial. Azkarate dijo también no estar en condiciones de decir si la Ertzaintza identificó o no al supuesto agresor antes de dejarlo marchar.

En todo momento evitó pronunciarse sobre esa agresión, que no dio por probada -"el Gobierno no tiene conocimiento de qué sucedió, porque sus miembros se encontraban dentro del Palacio de Justicia", argumentó- hasta no tener en sus manos un informe que está elaborando la Ertzaintza.

La crispación generada el pasado lunes habría sido inducida, indicó, por parte de quienes "anduvieron atrás y adelante y a insulto limpio" intentando entrar por la puerta principal, a sabiendas, aseguró, de que tenían que hacerlo por la trasera.

La portavoz no descartó que el Gobierno adopte acciones legales si el informe de la Ertzaintza ofrece base para ello. Tampoco le consta la existencia de ningún parte de lesiones en centros de Osakidetza.

La declaración aprobada por el Ejecutivo en su reunión de ayer critica al juez Roberto Sáiz, instructor del causa abierta contra Ibarretxe, porque habría mostrado nuevamente "su sintonía con una de las partes" al aceptar que la asociación Dignidad y Justicia se persone como parte en el procedimiento y esté presente en la comparecencia del lehendakari.

El Gobierno se pregunta además si el juez admitirá todavía a más querellantes y vuelve a respaldar la intención de Ibarretxe de seguir reuniéndose con Batasuna, en cumplimiento de la palabra dada a la sociedad vasca de hablar con todos "para articular la vía del diálogo como medio de resolver nuestros problemas". También reitera su petición de archivar el procedimiento penal contra el lehendakari.

Entre los partidos del tripartido, sólo Ezker Batua reprobó la agresión al miembro del Foro Ermua y firmante de la querella contra Ibarretxe, Antonio Aguirre, quien recibió una patada en los testículos, supuestamente por parte de un simpatizante del PNV. El portavoz de la presidencia de EB, Mikel Arana pidió también a esa asociación que cese "en sus provocaciones, que sólo alimentan la confrontación, el odio y la intolerancia".

El presunto agresor

Por su parte, el PP ha pedido explicaciones al Gobierno en el Parlamento, porque lo ocurrido es "la mejor interpretación de las afirmaciones del Gobierno de que el encausamiento del lehendakari no saldría gratis", según palabras de su portavoz, Leopoldo Barreda.

En una nota de su organización en Bilbao, el PP identifica al agresor de Aguirre como Alejandro Aranburu Corral, representante del PNV en el distrito Casco Viejo-Bilbao la Vieja por nombramiento del alcalde, Iñaki Azkuna, en 2005. El portavoz popular en el consistorio, Antonio Basagoiti, calificó la patada como una "agresión macarra", pidió el cese del regidor y sugirió la aplicación de la ordenanza sobre Convivencia y Civismo, aprobada recientemente y que castiga las peleas en la calle.

El agredido ha denunciado los hechos y el juzgado pedirá el informe médico de la atención que le fue prestada en el lugar de los hechos. Aguirre fue reconocido después por el médico forense, que apreció inflamación en los testículos y le recomendó reposo y un completo examen urológico, según su abogado, Fernando García-Capelo.