Cultura se hará cargo del pago por préstamo en bibliotecas públicas

La Consellería de Cultura negocia con el ministerio y los demás departamentos autonómicos la nueva Ley de Bibliotecas, que activará la orden europea en Galicia. El punto más delicado de la negociación, explica el secretario general de Cultura, Carlos Amoedo, "es el referido al pago por préstamo en biblioteca", una obligación impuesta por una sentencia del Tribunal de la UE. La Administración pagará el canon por libro en las bibliotecas públicas.

2.226 asociaciones, bibliotecas y profesionales firmaron un manifiesto contra el pago

"Otras personas pueden llegar a verse implicadas en el caso en calidad de partícipes"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo público, en octubre del pasado año, su fallo relativo al incumplimiento por parte del Reino de España de la directiva comunitaria referente "a los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en al ámbito de la propiedad intelectual". La sentencia del tribunal comunitario obliga a cambiar la ley porque afecta al incumplimiento del pago por préstamos de libros en las bibliotecas públicas.

En otros Estados de la Unión Europea funcionan dos modelos de pago, uno en el que pagan las bibliotecas por adquisición y otro el que paga el lector en el momento que recoge un libro. "Si en algo estamos de acuerdo todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación es en que el canon no lo van a pagar los lectores", asegura Amoedo.

Para el secretario general de la Consellería de Cultura, las administraciones responsables de cada biblioteca se deberán hacer cargo del pago por préstamo. Carlos Amoedo calcula que la nueva ley se debatirá en el Congreso de los Diputados esta semana.

Las asociaciones de bibliotecas del Estado muestran desde hace años su desacuerdo con la directiva europea. Para la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid), y pese al fallo judicial, "la exención de pago por préstamos público es un objetivo a alcanzar".

Hace más de tres años que 2.226 asociaciones, bibliotecas y profesionales de todo el Estado firmaron un manifiesto de la Fesabid contra el pago por préstamo en las bibliotecas públicas. Entre quienes subscribían aquel texto se encontraba la escritora y bibliotecaria, Anxos Sumai. "Ya no me sorprendería de que en unas décadas exigiéramos como derechos básicos el derecho a la lectura o el derecho a ser leídos", escribía poco después en un artículo titulado Un canon para non ler.

Para la Asociación de Escritores en Lingua Galega, la cuestión no presenta problemas. "Estamos a favor de la aplicación del canon", afirma su presidente Cesáreo Sánchez Iglesias, "siempre que su coste no recaiga en el lector".

Según Sánchez Iglesias, "la AELG considera que las bibliotecas son un servicio público y, como tal, son las Administraciones las que deben afrontar el gasto del pago por préstamo". La agrupación de escritores forma parte de la directiva de Cedro, una entidad de ámbito estatal que gestiona "los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores españoles".

Sin embargo, autores gallegos como Fran Alonso, Emma Cruceiro, Paula Carballeira, Chus Pato o Xosé María Álvarez Cáccamo apoyaron en 2004 el manifiesto de la FESABID contrario a cualquier idea de pago por uso de las bibliotecas.

La escritora María do Cebreiro expone su "radical oposición a cualquier intento de privatización del saber". "Esta clase de medidas restrictivas [el pago por préstamo de libros] son síntoma de la transformación que sufren las nociones de autoría o de propiedad y demuestran que éstas rompen", declara, aunque en cualquier caso "es poner muros al mar". Preguntada por la "valorización" del trabajo del escritor, Do Cebreiro se resiste a reducirla a lo monetario. "Se habla de los derechos de autor pero también se debería hablar, por ejemplo, del derecho a ser leído".

La visión defendida por el novelista Santiago Jaureguízar resulta completamente diferente. "El trabajo de un escritor tiene que contar con una remuneración y el derecho a la cultura no lo tiene que pagar, en ningún caso, el lector", afirma, "Estoy a favor del derecho al agua, pero no por eso me viene el fontanero gratis a casa", argumenta. Entre las dos opciones que se barajan en los países de la Unión Europea respecto del pago por préstamo en las bibliotecas públicas, Jaureguízar no duda. "Que sea el usuario el que paga, da valor al libro", concluye.

El secretario general de Cultura, Carlos Amoedo, afirma que el borrador de proyecto de Ley de Bibliotecas que están elaborando en Madrid deja "cierto margen para compatibilizar propiedad con derecho a la cultura". La Consellería de Cultura de la Xunta exigirá, además, ampliar el umbral de habitantes que el ministerio estableció como límite para eximir de pago a las bibliotecas. "Nosotros creemos que las localidades de menos de 50.000 habitantes no deberían afrontar el canon por préstamos, debido a la ordenación poblacional en Galicia".