Cobros por "asistencia al despacho"

Una investigación iniciada en 2003 por el anterior fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo, Jesús María Izaguirre, por el supuesto cobro de dietas irregulares por parte del vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Ribadeo, José Carlos Rodríguez Andina, acabó arrastrando, bajo la misma acusación a los también vicepresidentes Julio Álvarez Núñez (alcalde de Quiroga) y Antonio Muiña (Alcalde de Friol; al ex diputado Luis Rego (Alcalde de Mondoñedo) y a la diputada, Fe Rodríguez Rocha (ex alcaldesa de Lourenzá).

Pero de la imputación de Izaguirre - desde septiembre de 2006 fiscal jefe de la audiencia provincial de Vitoria- tampoco se libraron el interventor de la Diputación, José Ferreiro, y el presidente del organismo provincial, Francisco Cacharro por un presunto delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental.

En el escrito de acusación se estima que Cacharro era responsable, como presidente de la corporación provincial, de la existencia de pagos a favor de los vicepresidentes "sin base legal alguna". La principal irregularidad descubierta por el fiscal es la consignación de cantidades fijas con el concepto de "asistencia al despacho". Se trata de un concepto que el representante del ministerio público considera ilegal a raíz de la modificación, en 2001, del artículo 75 de la ley de bases de régimen local en el que se estipula que para tener derecho a una percepción regular los diputados han de disponer de dedicación total o parcial, ya que de lo contrario sólo podrán cobrar por su asistencia a las sesiones de los órganos colegiados o los gastos ocasionados en el ejercicio de sus funciones.

En el escrito firmado por Izaguirre el 25 de abril de 2006, el fiscal constata que se recogieron "gran cantidad de elementos de convicción" en los que se pone de manifiesto que Cacharro Pardo, en su calidad de presidente de la Diputación de Lugo "impartió órdenes y autorizó los pagos ilegales" que son objeto de este proceso. En el mismo escrito se asegura que los vicepresidentes reconocieron que el presidente del ente provincial les dio instrucciones para que se repartiesen los días en que acudirían al despacho y que, por lo tanto, darían lugar al correspondiente cobro de dietas.

"Dicha orden", argumenta el fiscal, "pone de manifiesto que se procedió a la determinación de días fijos de cobro, con total independencia, no ya de su legalidad, sino de si, efectivamente, se cumplía alguna tarea o no, ya que, no existía sistema alguno de acreditación documental de la realidad de la actividad con palmario incumplimiento de la normativa".