La juez decana de Barcelona reclama al Ministerio de Justicia que palíe la escasez "endémica" de magistrados

La juez decana de Barcelona, María Sanahuja, reclamó ayer al Ministerio de Justicia que implante un sistema "racional" en materia de sustituciones de jueces y magistrados. El objetivo de la petición, según explicó la decana en conferencia de prensa, es poner fin a la falta "endémica" de jueces, que obliga a suspender cientos de juicios y provoca que otros tantos vayan a cargo de jueces poco formados y con escasa experiencia.

Sanahuja recalcó que la situación es especialmente grave en Cataluña, donde "no hay tradición de hacer oposiciones" y se producen decenas de vacantes cada año. "Mucha gente viene de fuera con la idea de volver a sus lugares de origen cuanto antes". A eso se añaden otras circunstancias: los jueces en comisión de servicio, los que están en cursos de formación, o los que están de baja por enfermedad o maternidad.

Esta situación "distorsiona el trabajo normal de los juzgados". Cataluña tiene 659 de las 4.471 plazas de juez de toda España, o sea, un 15%. Sin embargo, no recibe la partida presupuestaria correspondiente a ese porcentaje. El año pasado, la comunidad autónoma recibió 3,1 millones de euros para pagar sustituciones. "Aplicando una regla de tres, se comprueba que nos corresponde, al menos, un millón más".

Sanahuja exigió una ampliación de presupuesto que permitiría pagar, en un plazo "relativamente rápido" a los sustitutos. Con la inversión actual, a mitad de año ya no queda dinero para pagar y los suplentes deben esperar a la aprobación de un nuevo presupuesto para percibir sus salarios. Para muestra, un botón. Según Sanahuja, el año pasado los sustitutos hicieron un trabajo equivalente al de 90 jueces durante 365 días. Paradójicamente, el presupuesto sólo permite cubrir 50 sustituciones al año.

La juez decana no concretó cuántos juicios se han tenido que suspender por la escasez de jueces porque "no hay un sistema informático que permita saberlo". Además, algunos juicios "no se hacen en buenas condiciones". Y al final, quien paga los platos rotos es el ciudadano, que recibe "un servicio público en peores condiciones".