Reacción desmedida

La oposición y otros colectivos críticos con el Gobierno tienen derecho a pedir explicaciones por la decisión del fiscal de retirar la acusación por enaltecimiento del terrorismo contra Otegi. Sin embargo, la desmesura sumarísima con que ayer condenaron esa decisión ("ilegítima, inmoral, injusta") y el nuevo proceso de intenciones contra el Gobierno ("un episodio más de su rendición ante ETA") desborda con mucho los límites de la confrontación democrática. Y llevar la oposición a los argumentos del ministerio fiscal a la calle, convocando o apoyando concentraciones ante la sede de la fiscalía, supone coaccionar a una institución básica para el funcionamiento del Poder Judicial. Así lo han denunciado en ocasiones recientes el PP (y esos colectivos que ahora piden la dimisión de Zapatero a cuenta del fiscal) cuando eran otros quienes presionaban en relación a querellas contra políticos nacionalistas.

No tiene nada de procesalmente anormal, aunque sea infrecuente, que el ministerio fiscal termine cambiando en el juicio sus conclusiones provisionales o que incluso retire la acusación. Pero en vez de analizar las razones jurídicas que han llevado al fiscal a modificar su criterio inicial en el proceso a Otegi y otros dos dirigentes de Batasuna (estos dos últimos absueltos en su día), el PP se ha lanzado en tromba a descalificarlas con argumentos que nada tienen de jurídico.

La actuación de Otegi en el homenaje a la etarra Olaia Castresana en 2001 ha sido sometida a la acción de la justicia. El Estado de derecho reaccionó y se ha sometido al imputado a un largo proceso penal. No tiene nada de extraño ni excepcional que, en el tiempo transcurrido, el fiscal haya encontrado motivos para estimar que lo que inicialmente se consideraron palabras de enaltecimiento del terrorismo no encajaban en ese tipo penal. No es posible ignorar, además, que los hechos por los que fue procesado Otegi ocurrieron en julio de 2001: en un momento en que ETA había asesinado a 35 personas en los 19 meses transcurridos desde la ruptura de la tregua de 1998.

Es lógico que, en el contexto de hace seis años, las palabras del portavoz de Batasuna fueran objeto de investigación judicial; y que Otegi aclarase el sentido de sus palabras, si contenían una amenaza o una incitación a la comisión de atentados. Es lo que, tras una procelosa instrucción, ha ocurrido ahora en el juicio del miércoles, antes de que el fiscal retirase la acusación. Es evidente que la situación actual, incluso tras el bombazo de Barajas, no es comparable a la del verano de 2001. El alto el fuego está roto, pero después no le ha seguido un rosario de atentados como los que se produjeron en 2000 y 2001.

No es seguro que la fiscalía haya tenido en cuenta esta diferencia de situaciones; las razones procesales invocadas tal vez eran suficientes para aplazar el juicio y modificar la acusación o retirarla. Y también es posible que el ministerio público se haya equivocado al valorar esas razones y considerar el cambio en el contexto general. Por eso sería lógico pedir explicaciones. Pero no hay razones que justifiquen este histérico auto de fe montado contra el fiscal y el Gobierno.