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Procesada una abogada por estafar a extranjeros

Uno de los juzgados de Bilbao que está investigando la estafa a 60 inmigrantes en el último proceso de regularización ha dictado el procesamiento de la abogada María del Carmen Formoso y de los empresarios José Luis López Calle y Emilio González Rodríguez por ese engaño. El auto, que no ha sido recurrido, señala que la letrada cobró a un total de 29 inmigrantes una media de 800 euros por tramitar una documentación con empresas inexistentes.

Los cerca de 60 estafados pagaron una media de 1.000 euros a empresarios e intermediarios que les aseguraban un contrato de trabajo. Se formalizaban contratos para empresas sin medios materiales ni recursos o que se constituyeron poco antes del inicio de la regularización. La investigación permitió descubrir cuatro redes de fraude: dos encabezadas por sendas letradas que contaron con la ayuda de dos socios cada una; la tercera, por una asesora, y la cuarta, una falsa ONG que abrió una oficina y desapareció.

Un juzgado procesó a finales de 2006 a la asesora Carla Sandra Santos, quien recibió un total de 7.550 euros de nueve inmigrantes. El pasado 15 de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 2 dictó un auto en el que procesa a los integrantes de otra red: la abogada y los dos empresarios citados.

El juez considera probado que, durante el proceso de regularización desarrollado entre febrero y mayo de 2005, dicha letrada contactó con inmigrantes para ocuparse de los trámites a cambio de 800 euros. Ofrecía el nombre de una empresa, Reformas Koldo, como la entidad que les daría empleo. Esta compañía había sido constituida en abril de 2005 por los otros dos procesados y no tenía ninguna actividad.

El auto señala que la abogada cobró a los inmigrantes "a sabiendas de que carecían de los mínimos requisitos para ser regularizados". Agrega que su único propósito "era cobrar por defender una pretensión que, de antemano, estaba abocada a la desestimación". La investigación no ha constatado que los empresarios hubiesen recibido dinero pero, según el juez, la "conducta de montar una empresa de cobertura los coloca en el plano de cooperación necesaria".

La fiscalía, que aún debe realizar su escrito de calificaciones, solicitó el pasado día 9 al juez -petición aceptada días después- datos sobre las cuentas bancarias y facturas de González Rodríguez.

Pese a que la ley de Extranjería prevé la regularización de aquellos inmigrantes estafados que colaboren con la Administración, los afectados han seguido en la misma situación más de 14 meses. La intervención de la Inspección de Trabajo desbloqueó el caso. Cuatro de los inmigrantes ya están regularizados y otros 32 han realizado su petición a la Inspección.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de marzo de 2007