Aclaración

En relación con el editorial Cemento imparable, que publicó su periódico en el día 19 de marzo, quiero manifestarle la sorpresa del Ministerio de Administraciones Públicas respecto a algunas intenciones que en él se achacan al Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

La norma lleva dos años de consultas, debate público y negociación y ha sido apoyada por todos los sindicatos mayoritarios y casi todos los grupos parlamentarios.

No es verdad que el proyecto de ley "socave la autonomía e independencia de los secretarios e interventores de la Administración local". El texto y las enmiendas que el grupo socialista en el Senado ha presentado, no alteran la situación vigente, y que se recoge en el artículo 99 de la Ley de Bases de Régimen Local, aprobada en 1985. Por otra parte, nada contiene el Estatuto sobre las normas de control, intervención y funcionamiento de las corporaciones locales, que se establecen en la citada ley y que sigue en vigor. En todo caso, y respetando el derecho de todos a opinar libremente, no parece que la siempre profesional actuación de los secretarios e interventores (cuya importancia para este ministerio queda reflejada en la convocatoria de más de 1.600 nuevas plazas para cubrir las vacantes acumuladas en esta legislatura) haya podido evitar los casos de corrupción que, desgraciadamente, hemos vivido en nuestro país. No es ése el problema, ni, por tanto, su solución tiene nada que ver con ello.

No tenga ninguna duda de que este ministerio seguirá impulsando medidas de transparencia y control para hacer más difícil la corrupción allí donde se produzca, como ha hecho con las medidas introducidas en la Ley del Suelo y de las que su diario ha informado reiteradamente.