La Xunta lleva al juzgado a Fisterra por permitir 400 pisos junto a la playa

La Consellería de Política Territorial llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Fisterra por hacer caso omiso de su requerimiento contra las licencias de construcción de 16 edificios, con 391 viviendas. Urbanismo considera que son nulas de pleno derecho. La asesoría jurídica de la Xunta ya redacta el contencioso-administrativo que, de prosperar, podría acabar con una orden judicial de demolición de los inmuebles algunos ya terminados. La mayor parte (13 bloques con 342 pisos) están en la Recta da Anchoa, única vía de acceso a Fisterra, en primera línea de playa.

Inspección Urbanística había advertido, ya a finales del pasado año, una larga lista de ilegalidades en estas promociones, En la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta, no hay constancia de que el gobierno municipal de Fisterra, presidido por José Manuel Traba (PP), haya tomado alguna iniciativa tras recibir, en diciembre pasado, diez requerimientos oficiales para que revise de oficio las licencias que otorgó para la construcción de estos edificios. Esas notificaciones obligaban al Ayuntamiento a paralizar las obras en curso.

Transcurridos tres meses, la consellería ha iniciado los trámites para que un juez zanje el litigio. Realizó también gestiones con el decano de los registradores de la propiedad para que informe a los interesados en comprar alguna de estas viviendas de que están recurridas por la vía judicial y corren, por el tanto, el riesgo de ser declaradas ilegales y derribadas.

La fiebre urbanística, tan espectacular como desordenada en Fisterra, vive su apogeo en la Recta da Anchoa, a los pies de la playa de Langosteira, con construcciones muy avanzadas o incluso acabadas de bloques de vivienda a ambos lados de la carretera. Además de 13 inmuebles en esta vía de acceso a Fisterra con licencias de obras consideradas nulas de pleno derecho por la Xunta, el Ayuntamiento también fue instado a paralizar otros tres edificios de 49 pisos en pleno centro urbano de la localidad, en la calle Alcalde Fernández Daviña. En su informe, los servicios de Inspección Urbanística de la Xunta destacan que la mayoría de estas 16 edificaciones incumplen las condiciones marcadas en las licencias municipales de obra, al superar en volumen o en altura el límite permitido.

La Dirección Xeral de Urbanismo también denunció que no están garantizados los servicios necesarios, sobre todo en cuanto a saneamiento de aguas residuales, para el conjunto de las 342 viviendas en construcción en la Recta da Anchoa. Uno de estos inmuebles en primera línea de playa sólo tiene previsto una fosa séptica para enterrar los desechos de sus futuros ocupantes. La consellería también incluye, en su larga lista de anomalías e infracciones detectadas en estas promociones, el hecho de que el gobierno municipal estableciera que las fincas en las que se asientan tenga la clasificación de suelo urbanizado consolidado.

Las dos promotoras más afectadas por la denuncia de la Xunta son empresas participadas por familiares de los alcaldes de Cee, Antonio Domínguez, y Muxía, Alberto Blanco, ambos del Partido Popular. Campoalsa y Poalsa Inmobiliaria, en las que están asociados uno de los constructores más dinámicos de A Costa da Morte, Ramón Campos Trillo, sobrinos del regidor de Muxía y el hijo del de Cee, construyen más de un tercio de los bloques de pisos en la Recta da Anchoa que Urbanismo considera ilegales

Informe del alcalde

Nada se sabe del informe que el alcalde de Fisterra encargó a los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de A Coruña para dar respuesta a los requerimientos de la Xunta y comprobar si los promotores respetan los proyectos de construcción en los que se basó el Ayuntamiento para concederles licencia de obra.

El portavoz del PSdeG en Fisterra, Juan Boullosa, acaba de requerir por escrito ese informe, que sigue sin hacerse público. Cuando Urbanismo notificó sus recursos contra esas edificaciones, el alcalde, en declaraciones a este diario, había restado importancia a la situación por entender que sólo se trataba de un problema de interpretación de la norma urbanística. El alcalde se mostró además convencido de que el 95% de los promotores no edifica más altura o volumen que el permitido, como sostienen los técnicos de la Xunta.

Éstos, en opinión del regidor, tomaron mal las mediciones en sus inspecciones. En todo caso, José Manuel Traba no paralizó ninguna de las construcciones recurridas. Y manifestó que el caos urbanístico de Fisterra no puede ir a más por la sencilla razón de que no queda más suelo urbanizable por vender en este municipio de A Costa da Morte.