Industria pone coto al oligopolio de las grandes eléctricas en el negocio eólico

El nuevo sistema de la Xunta para adjudicar parques eólicos pretende limitar el poder de las grandes eléctricas y abrir el negocio a más compañías. El borrador del decreto que regulará la colocación de aerogeneradores en Galicia pone coto a la concentración de instalaciones en manos de unos pocos propietarios. Ningún accionista podrá tener más del 25% del capital de todos los proyectos promovidos a partir de ahora y la reventa de los molinos deberá ser autorizada por el Gobierno gallego. Un mínimo del 10% de las empresas adjudicatarias serán de titularidad pública.

Galicia es la sexta potencia mundial en generar electricidad con viento pero alrededor de una tercera parte del negocio está en manos de dos empresas foráneas, Iberdrola y Endesa. El nuevo decreto que regulará el reparto de autorizaciones para instalar parques eólicos busca que las ganancias de esta actividad reviertan en territorio gallego y que la propiedad de los molinos "no se concentre en un pequeño número de promotores", según declaró ayer el vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, durante la presentación de la norma. El borrador del texto, que se negociará con el sector, prevé sacar a concurso hasta el año 2010 unos 1.300 aerogeneradores (2.330 megavatios).

Si hasta ahora los parques se adjudicaban entre un número predeterminado de empresas, la nueva regulación diseñada por el bipartito promueve la libre concurrencia de sociedades. El proceso para repartir los molinos consta de varios pasos. Durante el primer trimestre de cada año la Consellería de Industria determinará el número de megavatios de potencia que repartirá durante ese ejercicio (cada aerogenerador tendrá una potencia mínima de 1,8 megavatios). Las empresas interesadas en instalar un parque eólico en Galicia deberán presentar una solicitud y se abrirá un plazo de tres meses para que otras firmas puedan promover propuestas alternativas. Si un accionista opta a un mismo proyecto a través de varias empresas, su participación en ellas no podrá superar el 25%.

Industria elegirá el mejor anteproyecto y valorará, entre otras cosas, el número de puestos de trabajo que se crearán, las mejoras que se proyecten para el municipio donde se ubicarán los aerogeneradores, el porcentaje de participación que se dé a la Xunta en el negocio y la "mejor relación entre producción energética y afección ambiental". "Para que los gallegos seamos los primeros en beneficiarnos de la energía que se produce en Galicia y que no sean otros los que se benefician y se enriquecen a nuestra costa", proclamó Quintana.

La Xunta obligará a todas las empresas que opten a un parque eólico a que le reserven un mínimo del 10% de las acciones. Esta participación en el negocio le reportará a la Administración autonómica unos ingresos que, según Industria, se invertirán, al menos en parte, en los ayuntamientos que acojan los aerogeneradores. La cantidad de fondos que quedarán en las localidades afectadas será objeto de negociación a partir de ahora entre el Gobierno gallego y la Federación Galega de Municipios e Provincias.

La norma incluye además una cláusula que restringe la reventa de los parques, una práctica que hasta el momento era habitual. El permiso concedido a una empresa para levantar instalaciones eólicas sólo podrá ser vendido a otra compañía si así lo autoriza la consellería. "Las autorizaciones administrativas reguladas en este decreto", añade el borrador presentado ayer, "no serán transmisibles a terceros hasta el momento en que el parque eólico esté ejecutado en su totalidad y disponga de acta de puesta en servicio definitiva". Industria marca plazos para que las adjudicatarias pongan en marcha los aerogeneradores y establece que su incumplimiento conllevará la retirada del permiso.

Empresas y ayuntamientos

El conselleiro de Industria, Fernando Blanco, presentó ayer en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago el nuevo modelo que regulará la creación de parques eólicos en Galicia. Al acto fueron invitados los empresarios que poseen ya instalaciones en la comunidad.

El presidente de la Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo, se llevó la norma bajo el brazo para analizarla y plantear modificaciones a la Xunta en los próximos días. El colectivo que agrupa a los principales propietarios de molinos ha sido crítico con los cambios anunciados por Industria en el sector, especialmente con la obligación de que la Administración sea propietaria de parte de los parques. Ayer, Pazo matizó que la entidad no se opone a la participación pública, sino que "simplemente" quiere "saber la fórmula".

La patronal del sector ha impugnado el último reparto de aerogeneradores aprobado por el bipartito. La Asociación Eólica de Galicia acusa a la Consellería de Industria de impedir "con medidas contradictorias" el desarrollo del sector, ya que ha adjudicado sólo 500 de los 750 megavatios que podía haber autorizado. "La resolución de enero último confirma que se introdujeron unas nuevas reglas de juego a mitad de partida, que perjudican al sector en general y provocan una verdadera inseguridad jurídica", señalan los empresarios.

Los cambios en el modelo diseñado en su día por el PP para adjudicar complejos eólicos han provocado también reticencias en los ayuntamientos. El bipartito ha eliminado la figura de los parques municipales, unas instalaciones de poca potencia que gestionaban las corporaciones locales, y ha anulado la última concesión de estas instalaciones a decenas de ayuntamientos, aprobada por el anterior gobierno. La Federación Galega de Municipios e Provincias ha decidido, con el apoyo de alcaldes de los tres partidos, recurrir en los tribunales la resolución de la Consellería de Industria y exige compensaciones a estos municipios.