Los dos grandes partidos se alejan del pacto en la reforma judicial

Cuando el portavoz de Justicia y responsable de Libertades del PP, Ignacio Astarloa, declaró con cierta solemnidad al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que su relación no tenía "ningún futuro", los socialistas se temieron lo peor. Momentos antes el ministro había intentado contemporizar con el Grupo Popular, y singularmente con Astarloa. "Yo a usted le quiero", confesó el ministro al ex secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno del PP.

Pero, al margen de la broma, por la forma y el fondo con la que Astarloa se deshizo del abrazo gubernamental, el Grupo Socialista tomó nota de que sus peores augurios se cumplían.

En el Grupo Socialista se sostiene que el acuerdo de los dos partidos en torno a la gran reforma procesal pendiente, por ejemplo, había alcanzado "más del 90%". La última reunión fue hace 10 días, después de numerosas citas discretas en la que la reforma procesal, que afecta a 21 leyes, avanzó sustancialmente de la mano de los dos partidos.

La reforma abarca tres instrumentos claves para el buen funcionamiento de la administración de justicia: la oficina judicial, continuación de la reforma que ya emprendió el PP en 2003; la doble instancia penal, y la nueva regulación del recurso de casación. Con esta última se trataría de descongestionar la tarea del Tribunal Supremo para que su labor prioritaria fuera la casación de leyes estatales. "El acuerdo con el PP era casi total, nos quedan unos flecos, pero perfectamente solucionables", insisten en el PSOE.

Negociadores

Por este grupo han negociado Julio Villarrubia, secretario general del Grupo Socialista; Álvaro Cuesta, responsable de Justicia de la ejecutiva federal y presidente de esa Comisión en el Congreso de los Diputados; y Pedro Muñoz, portavoz parlamentario de Justicia, además de técnicos de ambos grupos. Ignacio Astarloa, Julio Padilla y José Santaella forman el equipo del PP.

Astarloa recuerda que el PSOE ya rompió el pacto cuando coló la reforma para forzar la elección por 3/5 de los magistrados del Supremo y el Constitucional. Y después, cuando la propia reforma del Constitucional parecía pactada, los socialistas también introdujeron, sin pactarlo con el PP, la elección de cuatro magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos. Por último, como ejemplo de esa "deslealtad", el PP coloca la enmienda de última hora para permitir que la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, pueda prorrogar su mandato y participar así en la decisión sobre el Estatuto catalán.