Las grandes ciudades retrasan la creación de los consejos ciudadanos

El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, acaba de abrir a los ciudadanos la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones, un foro para recibir sus aportaciones. La medida, positiva en su planteamiento, llega con retraso. En diciembre de 2003 el Gobierno aprobó una ley para modernizar el Gobierno local que prevé nuevos órganos de participación vecinal, como el Consejo Social de la Ciudad. Ninguna de las tres capitales valencianas lo ha creado, mientras que Elche se adelantó a las previsiones de la ley. Las asociaciones vecinales piden mayor presencia en la gestión municipal.

"La relación se mantiene en el día a día. La norma ahora es que el teléfono suena y se habla", afirma el concejal Ramón Sanchis

"En Alicante hay ahora más movimiento vecinal del que ha habido nunca, pero no tiene su reflejo en la participación en el gobierno de la ciudad". La concejal socialista Pilar Pérez Cuenca lamenta la "mala aplicación" de la ley aprobada en 2003 y cuya entrada en vigor debería haberse concretado en los seis meses siguientes. La ley recoge la creación del Consejo Social de la Ciudad, un foro "integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas" que no se ha creado. Ni en Alicante, ni en Valencia, ni en Castellón. Otros foros abiertos a la opinión de los ciudadanos han corrido otra suerte. Las juntas de distrito, ya existentes, modificaron su composición dando entrada a concejales de los distintos partidos y ampliaron teóricamente sus competencias con la idea de descentralizar un poco los ayuntamientos.

Las juntas existen, aunque no faltan voces críticas. "En estos momentos, la junta de distrito no funciona", asegura Pilar Pérez, presidenta de la Asociación Franciscanos-Oliveretes, que forma parte de la Junta de distrito 1 de Alicante en la que están presentes 11 asociaciones. Pérez explica que las juntas deberían ser miniayuntamientos, pero "no hay participación real de los ciudadanos". Juan José Bernabeu, presidente del Movimiento por Benalúa, asegura que las juntas de distrito "funcionan pésimamente" y que los presupuestos participativos "se reparten como les da la gana". "La ciudadanía no es una palabra, es un ejercicio de deberes y derechos y para que los ciudadanos se vean implicados debe abrírseles cauces. Eso es obligación de la Administración", resalta Pérez Cuenca.

El Ayuntamiento de Valencia tampoco ha creado el Consejo Social de la Ciudad previsto en la ley, ni la comisión especial de sugerencias y reclamaciones, en la que deben estar integrados todos los grupos. El desarrollo de la ley sólo ha alcanzado a la Junta de Gobierno y el reglamento orgánico del pleno, aprobado el pasado diciembre. La reforma avanza que existirán el consejo de participación y la comisión de quejas, pero se da un plazo de un año para redactar un reglamento. El asunto ha quedado así aparcado para después de las elecciones. Según explica el concejal de Descentralización y Participación Ciudadana, Ramón Isidro Sanchis, el Consejo Social de la Ciudad no se ha implantado "porque la relación con el movimiento vecinal es permanente". "La relación se mantiene en el día a día. La norma ahora es que el teléfono suena y se habla. Un consejo tal vez restaría fluidez a esa relación", opina Sanchis. No obstante, el concejal no ve inconvenientes en crearlo, sobre todo si lo quieren los vecinos. Y así es. La presidenta de la federación, María José Broseta, defiende el desarrollo de la ley, que permite regular la participación más allá de la voluntad de diálogo de cada concejalía. Broseta reconoce la labor de intermediación que ejerce Sanchis, pero aboga por que el contacto entre Ayuntamiento y vecinos también esté reglado. "Ahora dependemos un poco de la buena voluntad de los concejales y necesitamos una participación que tenga incidencia, por ejemplo, en los presupuestos participativos", afirma. Para el de este año ha habido reuniones con el gobierno local, pero no hay norma o reglamento que fije sus sugerencias.

Cada vez son más las plataformas vecinales específicas que acaban enfrentadas al Consistorio por problemas como la ubicación de la clínica Virgen del Consuelo, la subestación de Patraix o la doble operación urbanística de Barberá con el Valencia CF. Estas plataformas han hecho uso frecuente del derecho a expresar sus críticas en el pleno, a razón de tres minutos por intervención.

Es un derecho de la Carta de Participación Ciudadana, de efectos limitados. Para lograr la convocatoria de un referéndum sobre un asunto local, por ejemplo, se exige el acuerdo de la mayoría absoluta de las entidades de interés ciudadano o el 5% del censo electoral. Además, hay un Consejo de Acción Social, que reúne a entidades sociales, vecinos y sindicatos unas dos veces al año. Es un órgano consultivo en el que el PP marca la agenda, y a juicio de los socialistas, no facilita con tiempo la documentación para que se elaboren enmiendas. Lo mismo ocurre en el Consejo Escolar. Y sobre el papel existe el consejo de Medio Ambiente, creado 1998, pero en este mandato no se ha reunido, denuncia el PSPV-PSOE.

En Castellón, tampoco se ha aprobado el reglamento de participación ciudadana. De momento, la Corporación cuenta con borradores de otros ayuntamientos. Según las previsiones, el próximo pleno sí aprobará la creación del Consejo Económico y Social, al igual que hizo con los reglamentos de funcionamiento del pleno y de los patronatos de deporte y turismo, que ya están adaptados a la ley de grandes ciudades. Pese a que Castellón no cuenta con el preceptivo reglamento de participación ciudadana, sí ha puesto en marcha un híbrido para la elaboración de los presupuestos. Así, el equipo de gobierno del PP dejó una pequeña cantidad de las previsiones de inversiones para que fueran los vecinos los que determinaran su destino. Pero al carecer de reglamento, desembocaron en polémica en la elección de los representantes vecinales y el porcentaje de inversión que debía decidir cada barrio.

En Elche, por el contrario, el Ayuntamiento no ha tenido que hacer grandes cambios con motivo de la ley de 2003. Es el caso del Consejo Social de la Ciudad. Además, ha creado la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones prevista en la ley. Alejandro Soler, candidato socialista a la alcaldía y concejal de Fomento, explica que en las partidas rurales (33) ya se han creado las juntas de participación ciudadana y se compromete a desarrollar la ley en los barrios.

Información elaborada por Rosa Biot, Sara Velert, María Fabra y Cristina Medina.