Cemento imparable

A pesar del creciente descrédito social que provoca la presión urbanizadora de ayuntamientos y autonomías, se siguen ejecutando proyectos urbanísticos que destruyen zonas naturales protegidas o desafían la lógica de la sostenibilidad demográfica. Véase el plan de construir 20.000 viviendas en el pueblo de Illescas (Toledo), hoy con apenas 17.000 habitantes, para lo cual se recalificarán 4,5 millones de metros cuadrados de suelo. En este juego incontrolado de recalificar terreno, aunque sea protegido, la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha dado dos vueltas de tuerca. Ha aprobado por ley el proyecto de construir en Soria un complejo de 800 chalés y un parque empresarial en una zona protegida, el Soto de Garray; con esta tramitación legal, el PP evita la intervención de las autoridades judiciales y se garantiza la impunidad inmediata de este caso palmario de especulación inmobiliaria. Para rizar el rizo con un sarcasmo, denomina el proyecto como "Ciudad del Medio Ambiente".

El pintoresco desafuero soriano, la ciclópea recalificación de Illescas -tan similar a la de Seseña- o los cientos de pelotazos inmobiliarios que surgen en el suelo peninsular, transmiten la imagen de que la clase política municipal y autonómica tiene comportamientos poco honrados y que está destruyendo la posibilidad de un desarrollo urbanístico ordenado del país. Son temores bien fundados. La especulación descontrolada procede en parte de las dificultades de los ayuntamientos y de los partidos políticos para financiar sus gastos e inversiones, en muchas ocasiones faraónicos y casi siempre muy superiores a sus modestos ingresos. Bastaría con cambiar legalmente la financiación de los partidos y de los municipios para apagar uno de los focos de esta avidez inmobiliaria que amenaza seriamente con desprestigiar la democracia municipal.

Mientras se consigue el acuerdo para cambiar esas leyes, se puede trabajar contra la marea constructora en otros frentes. Por ejemplo, no se entiende que los espacios naturales protegidos sean tan fácilmente asaltados por la especulación organizada. Convendría blindarlos remitiendo su cuidado a autoridades nacionales o incluso supranacionales. Se entiende muy mal que el Estatuto del Empleado Público que prepara el ministerio correspondiente socave la autonomía e independencia de los secretarios e interventores de la Administración local, llamados a controlar las arbitrariedades y corruptelas de los ayuntamientos, haciendo que puedan ser nombrados y destituidos discrecionalmente por los alcaldes que tienen que supervisar. La idea correcta debería ser precisamente la contraria, es decir, reforzar su independencia y su capacidad de denuncia poniéndolos a salvo de represalias.