Un puerto deportivo ilegal bloquea en Vigo un paseo marítimo

Desde hace tres años, el Ministerio de Medio Ambiente consigna 3 millones de euros para un paseo marítimo en Vigo, que no ejecuta porque el Ayuntamiento no pone a su disposición los terrenos. El trazado coincide con un cortafuegos que el promotor del puerto deportivo de A Lagoa, Manuel Fernández de Sousa, presidente de Pescanova, utiliza como acceso al embarcadero de forma fraudulenta, según varios informes municipales.

Las obras en tierra del puerto deportivo de A Lagoa se realizaron sin licencia de ningún tipo y entre órdenes de paralización y otras dos de derribo. Las irregularidades del proyecto no acaban ahí. Ante la imposibilidad de pasar el tráfico pesado por el angosto camino que da acceso a la zona, los camiones utilizaron para la construcción del puerto un cortafuegos municipal, siempre sin permiso del Ayuntamiento.

Todas las irregularidades del proceso dieron lugar a una denuncia ante el juzgado de la fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra por presunta comisión de un delito de ordenación del territorio y otro de prevaricación omisiva, por la "actitud tolerante de las diversas administraciones". Pero el presidente de Pescanova siguió adelante con la construcción del puerto, a cuya inauguración asistió la alcaldesa de Vigo, Corina Porro, a pesar de que las reiteradas irregularidades urbanísticas desembocaron en un expediente de protección de la legalidad.

Ahora es un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, el paseo marítimo de A Guía, el que sufre las consecuencias del puerto deportivo. Desde 2005, los Presupuestos Generales del Estado reservan una partida de 3 millones de euros para construir el paseo marítimo de A Guía, pero las obras no comienzan porque el Ayuntamiento tiene que poner previamente a disposición de Medio Ambiente los terrenos necesarios, que coinciden casi exactamente con el cortafuegos. De hacerlo, el puerto de A Lagoa se quedaría sin otra opción de acceso que esperar a que se apruebe el Plan General y se ejecute el ensanche del único camino por el que se puede llegar a las instalaciones náuticas.

Las obras realizadas en tierra firme consisten en la ampliación de una nave de almacenamiento de barcos, la construcción de otra nave totalmente nueva y el asfaltado del cortafuegos, además de instalaciones menores de cafetería, gerencia y aseos. Todo ello, sin licencia alguna del Ayuntamiento, que firmó en dos ocasiones, el 18 de noviembre de 2004 y el 13 de enero de 2005, sendas órdenes de derribo que Fernández de Sousa nunca ejecutó.

Tampoco el gobierno municipal de Corina Porro obligó al director de Pescanova a ejecutar un acuerdo plenario adoptado por unanimidad el 31 de enero de 2005, cuando se prohibió "cualquier acceso rodado por el cortafuegos", que sólo podría ser utilizado por los servicios municipales de mantenimiento y seguridad. Salvo un auto judicial que reclamó al Ayuntamiento la reapertura del camino, después revocado, la justicia siempre ha dado la razón al criterio de impedir el paso de camiones por el camino.

Denuncia del fiscal

El contencioso administrativo formulado por los responsables del puerto deportivo paralizó la denuncia de la fiscalía, que imputó a la empresa promotora del puerto deportivo, Astilleros y Construcciones Lagoa, de la que Fernández de Sousa es presidente, un delito de ordenación del territorio, "derivado de la construcción de naves en zona sujeta a régimen especial, sin atender a la obtención de las pertinentes licencias y pese a su paralización y orden de demolición".

El escrito de la fiscalía, con fecha del 5 de septiembre de 2005, revela la construcción de naves en tierra "de grandes dimensiones", que cuentan con baños y servicios "con emisión directa al mar, sin emisarios ni depuración alguna". La ejecución material del puerto, revela el fiscal de la Audiencia adscrito a Vigo, supera las dimensiones del informe de impacto y careció de vigilancia y control, pese a realizarse con materiales de deshecho. El dique se construyó sobre un banco marisquero de gran valor.