Paso a la justicia

Un mes de juicio por el atentado más grave que ha padecido España ha bastado para acallar los ruidos que acompañaron la instrucción del sumario y que amenazaban proseguir durante la vista oral del proceso. Las fuerzas de seguridad del Estado y los tribunales han realizado su trabajo, y tres años después de la matanza hay 29 encausados en el banquillo. En la estela de la crisis internacional que se vive después del 11-S, el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional demuestra que el Estado de derecho dispone de instrumentos para combatir los crímenes yihadistas, por más que ninguna estrategia pueda conjurar por completo los riesgos que representa este tipo de terrorismo.

El juicio ha tenido que abrirse paso en un contexto político e informativo que ha entorpecido la tarea del tribunal, pese a la labor hasta ahora impecable del juez Gómez Bermúdez. Mediante un juego cruzado de insinuaciones periodísticas y su correspondiente amplificación desde el ámbito político, los responsables del culebrón sensacionalista construido en torno a la supuesta autoría intelectual del atentado y el Partido Popular han pretendido crear un clima de opinión que acogiera sin repulsa la actuación de algunos letrados de la acusación particular, en concreto los de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El sesgo de sus interrogatorios a los acusados ha llegado al absurdo de tratar a los investigadores como sospechosos y a éstos como testigos. Según señaló el juez Bermúdez durante la vista, cortando de raíz estas maniobras contrarias a cualquier deontología en el ejercicio del derecho, las preguntas de la acusación particular eran improcedentes para el esclarecimiento del atentado. Aunque no, por descontado, para prolongar el culebrón de manera artificial e insidiosa.

El proceso ha permitido conocer, por otra parte, los ambientes de marginalidad en los que se desarrolla un fenómeno como el yihadismo. Las fronteras entre quienes abrazan esta ideología fanática y quienes viven en una situación de extremo desarraigo, inmersos en la droga y la delincuencia común, son más permeables de lo que se imaginaba. Más allá de su estricto valor procesal, las estremecedoras declaraciones realizadas en la sala y fuera de la sala por la compañera sentimental de Jamal Ahmidan, uno de los suicidas de Leganés, muestran uno de los eslabones más vulnerables de la propia sociedad que padeció el atentado. Como no podía ser de otra manera, la justicia se abre paso y, al mismo tiempo que esclarece los hechos sobre los que habrá de recaer la sentencia, va permitiendo conocer el submundo tenebroso en el que se gestó la mayor matanza terrorista de nuestra historia.