De azote de ilegalidades a investigado por el fiscal

El urbanismo preside hoy todo aquello que tenga relación con lo municipal, pero en Oleiros ha tenido siempre un papel central, para lo bueno y para lo malo. La primera corporación democrática, en 1979, que impuso una moratoria de cinco años a la construcción que entonces empezaba a colmatar los alrededores de A Coruña, estaba presidida por un arquitecto, Xosé Luís Martínez. Ángel García Seoane le relevó al frente de la candidatura vecinal y de la alcaldía en 1985 con una moción de censura argumentada precisamente con acusaciones de concesión de licencias ilegales.

Desde entonces, Oleiros, 30.000 habitantes en crecimiento continuo, ha sido en cierta forma un claro de viviendas unifamiliares y urbanizaciones de adosados en medio del bosque de grúas y bloques de edificios que caracterizan las cercanías de cualquier ciudad. Los mayores impuestos municipales de Galicia, pero también los mayores índices de parques, zonas verdes y espacios públicos por habitante; de inversiones públicas municipales, y de viviendas de promoción pública. Una red de 10 bibliotecas públicas, 15 centros socioculturales y tres auditorios instalados en edificios emblemáticos recuperados.

También han sido las cuestiones urbanísticas las causantes de que García Seoane, Gelo, haya sido uno de los muy contados alcaldes gallegos condenados en firme. La Audiencia de A Coruña le impuso seis años de inhabilitación, que cumplió entre 1997 y 2003, por derribar por su cuenta y riesgo una caseta ilegal en la playa de Santa Cristina. Una batalla más de la guerra que ha venido librando por la preservación del litoral. La última de las acciones fue declarar espacio natural la punta de Seixo Branco.

Sin embargo, García Seoane ha sido también objetivo de acciones judiciales en defensa de la costa. La Consellería de Pesca abrió en 2004 un expediente a la casa que construyó en la zona de As Galeras por invadir la zona de servidumbre marítima. El mes pasado, un juzgado coruñés estimaba el recurso del alcalde contra la orden de derribo, por considerar que la invasión era inapreciable. Y lo que está de momento sin resolver es también de índole urbanística. La fiscalía ha abierto diligencias informativas contra él por considerar que, en base a su conocimiento del mercado inmobiliario local, "ha venido adquiriendo distintas fincas que han visto incrementadas sus valoraciones urbanísticas".