Sudoku autonómico

Es bien sabido la existencia de distintos niveles competenciales en cada una de las comunidades autónomas (CC AA) españolas. También es conocido que la Constitución ha establecido un sistema abierto para que los procesos autonómicos fueran desgranándose a medida y en función de las demandas, las necesidades y las estrategias de cada autonomía. Los resultados al rendir cuentas después de 25 años de funcionamiento han sido espectacularmente satisfactorios. Sin embargo, en los últimos años se presentan ciertos síntomas de desbordamiento; o lo que es lo mismo, a la hora de legislar puede existir el peligro de entrar cada una de las CC AA en competencias ajenas y generar enfrentamientos y colisiones nada deseables. Para mayor y mejor suerte, el Tribunal Constitucional actúa como árbitro garante del orden y del criterio, aunque la tensión no pueda disimularse.

El futuro mapa territorial español va a quedar configurado por las sucesivas reformas estatutarias que están llevando a cabo las autonomías. Dejando para otra ocasión los comentarios precisos sobre los niveles de participación en los referéndum celebrados hasta el momento (catalán (49%) y andaluz (36%)), centremos nuestro análisis en la disparidad de criterios que se manejan tanto en lo que concierne a la financiación como a las competencias.

En el campo de la financiación, el Estatuto de Cataluña establece que esta comunidad, en lo que hace referencia a las inversiones estatales, recibirá su montante en función de su aportación al PIB. El Estatuto de Andalucía, por su parte, recoge el criterio de su aportación a la población total, argumento que les favorece pues son el 18% de la población española y solo el 14% del PIB. Es evidente, por lo tanto, que el resto de las CC AA en sus venideras propuestas de estatuto van a buscar aquel criterio que les favorezca. De esta forma, Canarias y Baleares subrayan como elemento a primar los indicadores de insularidad; por su parte, Castilla-León incide en el factor dispersión y baja densidad demográfica. La Comunidad Valenciana cuando redacta su propuesta introduce un mix que recoge lo siguiente: "garantizar los mismos derechos que incluya el estatuto de cualquier otra autonomía". Como se puede comprender tal dispersión de criterios eleva la complejidad y hace muy difícil la elaboración de los presupuestos del Estado, toda vez que encajar cada una de las disposiciones oficiales aprobadas sin menoscabar la atención a las otras áreas geográficas resulta un ejercicio de difícil tarea. De ahí que con gran precisión el vicepresidente Solbes utilizara el vocablo sudoku para acuñar la situación que se presenta.

Vinculado con el debate en el campo presupuestario también se asoman las nuevas disputas sobre las deudas históricas. El Estatuto andaluz la reclama para acabar con los déficits que sufre respecto al resto de España y en el texto se dice que se debe hacerse efectivo en menos de tres años, aunque no llega a cuantificarla de manera precisa; sólo indica donde existen situaciones de atraso secular. Las demás comunidades autónomas también desean un pago a cuenta, por lo que el establecimiento de un modelo fijo, estático y rígido no será posible, abriéndose las opciones de establecimiento y cálculo en función de las capacidades de negociación, previo estudio pormenorizado de lo que se pueda entender por deuda histórica, situaciones de agravio comparativo o déficit de infraestructuras, equipamientos y servicios.

Finalmente, las actuales discusiones sobre los niveles competenciales entre CCAA arrojan un buen caudal de disputas. Un breve y conciso repaso permite distinguir lo siguiente: Baleares y Aragón tienen planteado recursos por los archivos de la Corona de Aragón. Centrándonos en el agua, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Murcia han mostrado su disparidad de criterios con respecto a las opciones del Gobierno de España; en tanto que Cataluña ha blindado el agua que pasa por su territorio. El Estatuto valenciano ha sido recurrido por Castilla-La Mancha y Aragón por el tema hídrico, de la misma forma que Extremadura lo hace contra Andalucía por las competencias que se recogen en su Estatuto sobre el río Guadalquivir.

En suma, muchas prisas por conseguir más competencias, grandes pugnas entre autonomías, cruentas batallas entre dirigentes políticos; y ausencia de criterios de cohesión, solidaridad y estrategias para reforzar las políticas propias y afrontar una competencia más global. Necesitaremos más de un sudoku para cuadrar las crecientes reclamaciones autonómicas.