Los guardias civiles tendrán derecho a reunirse o manifestarse, pero sin uniforme

"Los guardias civiles son titulares de los derechos fundamentales y de las libertades públicas reconocidos en la Constitución, sin otros límites en su ejercicio que los establecidos en ésta, en las disposiciones que la desarrollan y en la presente ley orgánica". El artículo 2 del proyecto de ley de derechos y deberes de los guardias civiles, aprobado ayer por el Gobierno, junto con su nuevo régimen disciplinario, marca la filosofía de una profunda reforma del instituto armado. Los agentes tendrán derecho a reunirse o manifestarse, aunque no podrán hacerlo de uniforme.

Cinco horas duró la reunión que, el jueves por la mañana, la víspera del Consejo de Ministros, celebraron en el Congreso de los Diputados una delegación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), encabezada por su secretario general, Joan Miquel Perpinyà, con el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, su portavoz en la Comisión de Interior, Antonio Hernando, y el subsecretario del Ministerio de Interior, Justo Zambrana.

Fue la última de una serie de reuniones que empezaron el 9 de marzo, tras meses de desencuentros y reproches y aún bajo los efectos de la concentración del 20 de enero, cuando miles de guardias civiles de uniforme se concentraron en la plaza Mayor de Madrid para denunciar los incumplimientos del PSOE.

Ayer, el propio Perpinyà, dirigente de una asociación con 25.000 afiliados, no ocultaba su satisfacción por dos proyectos de ley que "mejoran la institución y dignifican el trabajo de los guardias civiles". Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguraba que los dos textos remitidos a las Cortes "sientan las bases de la Guardia Civil del siglo XXI".

Desaparecen los arrestos

La ley de derechos y deberes regula por vez primera los derechos fundamentales de los guardias civiles, mientras que el nuevo Régimen Disciplinario elimina la sanción de arresto, salvo cuando los agentes cumplan misiones de carácter militar.

Entre los derechos y libertades fundamentales que regula la ley figuran la intimidad y la libertad de expresión, reunión, manifestación o circulación. Los agentes, por ejemplo, tendrán derecho a la libertad de expresión sin más limites que los "que establece su régimen disciplinario, el secreto profesional y el respeto a la dignidad de las personas, las instituciones y poderes públicos". En temas relativos al servicio, estarán sujetos además al deber de reserva.

Los guardias "no podrán organizar o asistir a manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical", pero sí a las demás, siempre que no acudan "vistiendo el uniforme reglamentario". Seguirán siendo, por tanto, ilegales concentraciones como la de la plaza Mayor de Madrid de enero pasado, que se ha saldado con una veintena de expedientes contra la plana mayor de la AUGC.

Los guardias civiles no necesitarán autorización previa para reunirse en dependencias oficiales, aunque deberán comunicarlo con antelación al jefe de la unidad, quien podrá prohibírselo apelando al funcionamiento del servicio o la disciplina.

El derecho a la intimidad supone que sólo podrán ser registrados los efectos y pertenencias personales de un guardia con autorización "expresamente motivada" del jefe de la unidad "cuando lo exija la investigación de un hecho delictivo".

El derecho de circulación se ve limitado por la obligación de residir en el municipio de destino, salvo autorización, y de comunicar previamente los desplazamientos al extranjero.

La principal novedad radica en el derecho a formar asociaciones profesionales cuya finalidad será "la promoción de los intereses profesionales de sus asociados". Dichas asociaciones podrán recibir subvenciones públicas, pero no privadas; su ámbito territorial deberá abarcar toda España (no podrán tener carácter autonómico) y tendrán que estar integradas exclusivamente por guardias civiles. No podrán federarse con sindicatos de clase y se inscribirán en un registro especial del Ministerio del Interior.

Entre las funciones de las asociaciones estarán la de "realizar propuestas o dirigir peticiones a las autoridades competentes; asesorar y prestar apoyo y asistencia a sus asociados, así como representarlos ante las Administraciones Públicas; y promover candidaturas al Consejo de la Guardia Civil".

Consejo de la Guardia Civil

Este órgano, de nueva creación, será presidido por el director general de la Guardia Civil y tendrá tantos representantes de los ministerios de Interior y Defensa como de los guardias, que los elegirán mediante votación entre asociaciones y agrupaciones de electores. Las primeras elecciones se celebrarán en un año tras entrar en vigor la ley.

El consejo será oído con carácter previo en todas las cuestiones que afecten al estatuto, régimen disciplinario, condiciones de trabajo, retribuciones, programas de enseñanza o régimen de permisos, vacaciones y licencias; conocerá las estadísticas y estudios sobre absentismo, siniestralidad o enfermedades profesionales; y analizará las propuestas de los agentes.

Las asociaciones no podrán ejercer el derecho de huelga, negociación colectiva o conflicto colectivo, mientras que los guardias no podrán afiliarse a sindicatos ni partidos y deberán respetar la neutralidad política.

Por su parte, el proyecto de nuevo Régimen Disciplinario elimina el arresto como sanción disciplinaria y limita la aplicación a los agentes del Código Penal Militar a las siguientes situaciones: tiempo de guerra, estado de sitio, cumplimiento de misiones militares o integración en unidades militares.