Bermejo expresa su "hondísima preocupación" por la alteración de la sala que juzga a Batasuna

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, expresó ayer en el Congreso su "hondísima preocupación" por el informe del secretario general del Poder Judicial que asegura que el presidente de ese órgano y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, ordenó retrasar dos nombramientos, lo que provocó la entrada en la Sala Especial del Supremo -la que juzga a Batasuna- de un magistrado propuesto por los vocales conservadores en lugar de otra apoyada por los progresistas. El grupo parlamentario de IU-ICV anunció que pedirá la comparecencia de Hernando.

Tras la intervención de los portavoces de los distintos grupos, Fernández Bermejo explicó en la Comisión de Justicia del Congreso que no conocía con profundidad la noticia sobre el Consejo del Poder Judicial, aunque la suponía referida a la información aparecida sobre la presunta actividad de Hernando que habría producido una alteración de la Sala Especial que regula el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

"Lo que he leído me ha producido una hondísima preocupación, pero partiendo de la base de que no puedo aceptar que eso sea cierto", señaló el ministro. "Tendré que enterarme bien de lo que ha ocurrido para poder evaluar porque, de entrada, no puedo aceptar que eso sea cierto. Aceptar que pueda haber existido esa actitud por parte del presidente excede de lo que yo estoy dispuesto a aceptar aquí", añadió Bermejo.

La portavoz de Eusko Alkartasuna en la Comisión de Justicia del Congreso, Begoña Lasagabaster, fue la primera en referirse a la información publicada ayer por este periódico sobre la Sala Especial del Supremo: "No sé qué piensa usted de la noticia de hoy, pero si es cierta, realmente hay un problema muy serio en esta materia: cambiar nombramientos de magistrados según sean afines a una u otra situación".

Por su parte, la diputada de IU-ICV Isaura Navarro anunció que su grupo pedirá la comparecencia de Hernando en el Congreso: "Quiero manifestar nuestra preocupación por la noticia de la que nos han informado los medios de comunicación. Nuestro grupo parlamentario va a presentar una petición de comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial para que nos aclare estos presuntos movimientos interesados de nombramientos, que nos parecen muy graves"

La diputada Navarro agregó que es necesaria "una reforma en profundidad del Consejo General del Poder Judicial, referida al sistema de elección y funcionamiento de la institución, "que se encuentra sometida a un desprestigio grave". "Lo peor de este desprestigio", añadió, "es que en gran parte está justificado por las actuaciones que llevan a cabo, por el atrincheramiento del sector conservador que se presta como ariete de la política del PP. Es necesario introducir reformas que permitan devolver la legitimidad al Consejo General del Poder Judicial porque, como usted ha dicho y compartimos su afirmación, será legal pero no legítimo".

La alteración de la composición de la Sala del 61 se produjo a raíz de los cuatro nombramientos acordados por el pleno del Consejo del 20 de abril de 2005. En esa sesión se convirtieron en magistrados de la Sala de lo Civil del Supremo los jueces de carrera José Antonio Seijas y Antonio Salas, y los catedráticos Vicente Montés y Encarnación Roca. Esta última, propuesta por los progresistas, tenía que haber formado parte de la Sala del 61 como magistrada más moderna de la Sala de lo Civil al ser la más joven de entre los nuevos magistrados no procedentes de la carrera, como establece el artículo 347 de la LOPJ y un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo aprobado en 1992.

Conservador por progresista

Pero Hernando propuso al secretario del Consejo, Celso Rodríguez Padrón (el responsable de los servicios técnicos del gobierno de los jueces), que se organizaran dos actos de toma de posesión, por lo que pidió a Rodríguez Padrón que iniciara el trámite de publicación en el BOE de los nombramientos de los dos catedráticos dejando para más tarde el de los magistrados de carrera. Gracias a esa maniobra, en lugar de la progresista Encarnación Roca, el magistrado más moderno de la Sala de lo Civil del Supremo y por tanto el que finalmente formó parte de la Sala del 61 resultó ser Antonio Salas, perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y apoyado por los vocales del Poder Judicial propuestos por el PP.

El artículo 347 de la LOPJ establece que "quienes tuvieran acceso al Tribunal Supremo sin pertenecer con anterioridad a la carrera judicial, se incorporarán al escalafón de la misma ocupando el último puesto en la categoría de magistrados del Tribunal Supremo". El acuerdo de la Comisión Permanente de 14 de enero de 1992 aclara que, en caso de que existan varios reales decretos de nombramiento de magistrados no procedentes de la carrera con la misma fecha, se considerará más moderno al más joven que, este caso era Encarnación Roca.