El fiscal solicita seis años de cárcel para el juez acusado de prevaricar

El fiscal elevó ayer su petición hasta los seis años de cárcel para el ex titular del Juzgado de Instrucción 3 de Málaga, Antonio Vicente Fernández, acusado de prevaricación judicial y cohecho, y suspendido de sus funciones. El Ministerio Público solicitó además 51 años de inhabilitación y una multa de 30.480 euros para el juez, que ayer definió la prueba presentada por la Fiscalía en su contra de "diabólica".

"Siempre he dictado resoluciones justas, y la prueba presentada en mi contra es diabólica", alegó ayer el juez Antonio Vicente Fernández justo antes de que el juicio celebrado en su contra en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quedara visto para sentencia. El magistrado no se desprendió de sus gafas de sol durante la última sesión, y mantuvo su habitual actitud impertérrita.

El fiscal defendió ayer que el abogado Francisco del Pino, el matrimonio al que defendía formado por el narcotraficante Manuel Mourente y su esposa Antonia Ruiz, y el juez acordaron que éste los pusiera en libertad y devolviera a la pareja los 141.545 euros que le habían sido intervenidos por la Policía, para repartírselos luego entre los cuatro gracias a que el magistrado acusado sustituía al titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, que instruía la causa.

El Ministerio Público acusó al magistrado de "dictar resoluciones injustas, intentar influir en compañeros para que las dictaran u ofrecerse a ambas cosas, y obtener así diversas sumas de dinero". El fiscal le imputó tres delitos de prevaricación judicial de resolución injusta y otros tres de cohecho, pero ayer retiró su acusación inicial de que el juez, como cliente habitual de locales de alterne, se aprovechó de su condición de magistrado para no abonar consumiciones en dichos locales.

Dos peritos forenses confirmaron que el magistrado les confesó su consumo habitual de alcohol y cocaína, pero descartaron que padezca enfermedad mental alguna. Por su parte, el abogado Del Pino, para el que el fiscal pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, defendió su inocencia: "Las imputaciones son inciertas y nunca he hecho trampas ni he tomado atajos".