Aclaración

En la página 35 de la edición del domingo 11 de marzo y bajo el título: "Los jueces conservadores copan los puestos clave", y al referirse a la Audiencia Nacional, textualmente se lee: "con el nombramiento, a la tercera, de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal y la incorporación de Fernando Grande-Marlaska al jurado central 3, la Audiencia queda en manos de un núcleo duro de conservadores que ya han demostrado su capacidad al revocar la excarcelación del etarra De Juana...".

Referir que quien informa parece olvidar que no pertenezco, ni he pertenecido a ninguna asociación judicial, independientemente del respeto que me merecen todas ellas, así como las distintas corrientes que puedan estructurarse. Es más la única ocasión en que me presenté a unas elecciones a Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, siendo elegido, fue en una lista apoyada conjuntamente por las asociaciones "Jueces para la Democracia" y "Francisco de Vitoria", figurando evidentemente como independiente.

Recordarle en el desarrollo de mi labor jurisdiccional, y como la inmensa mayoría de mis compañeros, sólo he tenido un instrumento del que servirme, la Ley. Y si en alguna ocasión se han hecho especiales esfuerzos para dotarla de mayor contenido, siempre ha sido en defensa del interés más débil, y cuando el legislador no había adoptado las medidas precisas. Así fui de los primeros jueces en España, a título de ejemplo, que acordé órdenes de alejamiento en materia de violencia de género, y estoy hablando del año 1992. Entonces sólo contábamos con el art. 13 LECrim., que de forma muy general permitía dar protección a la víctima de cualquier delito.

Pero como también se ha publicado en otros medios informativos, fui el primer Juez que en el País Vasco, y dentro de las competencias que teníamos por delegación, y sin previo aviso, me personé en una comisaría para comprobar que el trato que recibían detenidos de la organización terrorista ETA era el correcto.

Como esos ejemplos no sólo yo, sino la mayoría de mis compañeros, podríamos consignar un interesante catálogo; pero no es cuestión de hacer una hagiografía. Simplemente decir que es ese principio de legalidad el que dirige el ejercicio de la función jurisdiccional. Y quizás por eso mismo, para quienes no estén acostumbrados, les pueda causar estupefacción. Eso sí, unas veces a unos, y otras a los demás.

Si bien quiero que el ejercicio de mi derecho de rectificación se sustente en el aspecto profesional, pero ya que se me tacha de pertenecer a un supuesto sector conservador duro, me gustaría recordarle la entrevista que concedí a una periodista que trabaja para el diario EL PAÍS, publicada el 11 de junio de 2006, y donde dentro de la normalidad que entiendo debe guiar toda convivencia democrática reconocí mi homosexualidad y cómo me había casado. Y lo hice por una única motivación: exigencia personal y ética. Subrayando, igualmente, como no conozco muchos ejemplos parecidos dentro de la esfera pública, cuando, al día de hoy, aún son necesarios.

La ausencia de cualquier elemento serio que pueda avalar la conclusión del periodista sobre mi supuesta adscripción resulta más grave si consideramos que soy candidato al Consejo General del Poder Judicial. Presentándome como independiente he recibido un apoyo importante de distintos compañeros que pudieran verse defraudados, sin razón alguna, y ante una información ajena a la mínima verificación objetiva.

Sólo espero que dentro no ya del ejercicio del derecho de información, sino incluso del de libertad de expresión, en lo sucesivo sea capaz de comprender que las personas, como la realidad, tenemos más aristas y más planos. Es decir, somos multiformes, nunca monolíticas. Y si los jueces en alguna ocasión podemos parecerlo, únicamente será en el sometimiento escrupuloso a la ley. Instrumento del que nos dota la soberanía popular.