Caride insta al Parlamento a frenar la "depredación" urbanística de la costa

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, instó ayer a los grupos parlamentarios a respaldar la ley de medidas urgentes de protección del litoral para poner fin a la "depredación" urbanística de la costa de Galicia. El BNG respaldó el proyecto, que impedirá durante dos años construir a menos de 500 metros del mar. No así el grupo popular, que reclamó sin éxito al Parlamento la devolución de la ley y vaticinó consecuencias catastróficas para la economía gallega. La ley, declaró la popular Pilar Rojo, es un "paripé" que "paralizará Galicia de seis a diez años".

Los socios de gobierno hicieron frente común frente a los duros ataques a la ley de medidas urgentes de protección del litoral lanzados por el grupo popular, que intentó sin éxito la devolución a la Xunta de un proyecto legislativo para el que vaticinó toda suerte de desastres económicos. "Va a paralizar Galicia de seis a diez años", de forma principal al sector de la construcción, pero no exclusivamente. "Producirá más especulación, desplomará la seguridad jurídica y afectará al mercado de trabajo, arrastrando a otros sectores distintos al de la construcción, como el comercio o el turismo", predijo Pilar Rojo.

La diputada del PP se distanció así de la exposición de motivos que realizó la conselleira María José Caride, secundada por la nacionalista Carme da Silva, que hizo frente a la denuncia, formulada por Pilar Rojo, de brecha entre socialistas y el BNG a cuenta de la ley. Caride alertó de la situación de "depredación" urbanística de la costa de Galicia, que consideró intolerable y atribuyó a la dejación de los gobiernos del Partido Popular: "En los últimos 16 años, poco se hizo, especialmente en la franja sensible a 500 metros del mar"

La conselleira sostuvo que el actual bipartito llega "tarde" a la protección del litoral -"la mejor carta de presentación de Galicia"-, pero no tanto como para que no haya todavía mucho por proteger. "Queremos poner en valor nuestra costa, tratarla con esmero", prometió. Eso se logrará, garantizó, con el Plan de Ordenación del Litoral, que la Xunta presentará "antes de que finalice el año". Pero mientras se elabora ese documento, que especificará la franja de protección a lo largo de toda la costa, había que tomar medidas "para no seguir destrozando el litoral", ante las "claras situaciones de deterioro que no debemos permitir".

"Teníamos que tomar medidas", insistió la conselleira ante el Pleno, que destacó el consenso alcanzado por la ley, cuyo impacto económico relativizó. La norma, según explicó, impedirá construir en unas 3.000 hectáreas de costa, por lo que sólo afectará al 13% del suelo urbanizable de los municipios costeros y al 1% del total de Galicia, y en todo caso impedirá el "pan para hoy y hambre para mañana".

Sus argumentos chocaron frontalmente con los de la popular Pilar Rojo, que comenzó su exposición sobre la ley manifestando que no es "ni sensata, ni transparente ni objetiva", sino un "paripé" y una "ley-pantalla", que emplea la Xunta "para decir que hace cuando no hace". El proyecto, continuó, pretende "poner a cero el retraso en los deberes de la Xunta", en referencia al Plan de Ordenación del Litoral, pendiente de presentación. La relación de reproches de la diputada del PP a la ley continuó con la denuncia del "intervencionismo" del Gobierno gallego, al que acusó de que sólo sabe "prohibir y suspender", en este caso "en aras de una falsa honestidad" hasta "suspender totalmente Galicia.

Rojo acusó al Gobierno gallego de "criminalizar a los ayuntamientos" y dejarlos "en una situación delicada". Y agregó que, "aunque el BNG calle, se encargó desde el principio de criticarla".

"Fisuras" en el bipartito

La nacionalista Carme da Silva respondió a las acusaciones de fisuras en el Gobierno. "Para el BNG esta ley era importante, necesaria y urgente, muy urgente, para frenar el deterioro de la costa", manifestó, para criticar a continuación a Pilar Rojo por "ejercer de portavoz del BNG".

El debate subió de tono después de que el parlamentario socialista Abel Losada sacara el caso del alcalde de Arteixo, del PP, que admitió haber votado licencias para empresas propias, y reclamara que no se produzcan "nuevos sanxenxos". Sus palabras indignaron a Pilar Rojo, que las calificó de "indecencia". "Aquí ningún partido puede dar lecciones, pero el suyo menos que nadie", le replicó. "Es bochornosa la utilización que están haciendo ustedes del urbanismo", acusó la diputada del PP, que concluyó su turno con la acusación a los socialsitas de buscar con la nueva ley "el rédito electoral", en lugar de mejorar el urbanismo en la comunidad autónoma.