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Reportaje:Controversia política por el 'caso De Juana'

Ni moción de censura ni elecciones anticipadas

El PP descarta de momento iniciativas excepcionales contra el Gobierno

Carlos E. Cué

La dirección del PP se reunió ayer para analizar cómo gestionar las consecuencias políticas de la manifestación del sábado. Y enseguida los miembros del Comité de Dirección -no hubo maitines, la reunión de los dirigentes con más peso político elegidos por el líder- llegaron a una conclusión: hay que mantener la presión sobre el Ejecutivo, sobre todo ahora que se acerca la fecha en la que se decidirá si Batasuna puede presentarse a las elecciones. Pero no hay que recurrir a medidas excepcionales, como presentar una moción de censura o reclamar elecciones anticipadas, porque no tendrían éxito y sólo generarían frustración entre su electorado.

El asunto de la moción de censura ha sido tratado y descartado hace ya tiempo en la cúpula del partido. En público, Mariano Rajoy se limita a señalar que ese tipo de iniciativas sólo se anuncian cuando ya se han presentado. Si alguien le fuerza, Rajoy admite que no la descarta, "porque no se puede descartar un mecanismo parlamentario que está a disposición de la oposición". Sin embargo, en privado, los dirigentes de máxima confianza del líder cuentan y no paran las consecuencias negativas de la moción de censura.

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"Es un mecanismo maquiavélico. Se vuelve inmediatamente en contra de la oposición, como se vio con Antonio Hernández Mancha [ex líder del PP, que la presentó en 1987]. Sólo sirve para recordar la fortaleza de la mayoría. En este caso, dejaría en evidencia la soledad del PP en el Parlamento. Un suicidio, vamos, sin ninguna repercusión positiva. Sólo fue buena para Felipe González [en 1980], pero porque la UCD iba ya camino de la descomposición interna", explica un miembro de maitines, que sostiene que a Rajoy le horroriza la idea.

La moción de censura sí parece pues totalmente descartada por la dirección del PP, y de hecho ni siquiera se trata en las reuniones. El reclamo de adelanto electoral es diferente. Ayer sí estuvo encima de la mesa en la reunión del Comité de Dirección, porque alguno lo planteó, según los presentes, aunque fue descartado de inmediato por los dirigentes de más peso político y, sobre todo, por el líder.

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No es el momento, explican en el entorno de Rajoy, porque la manifestación del sábado fue convocada por un hecho concreto: la concesión a Iñaki de Juana del régimen de prisión atenuada -aunque el líder habla abiertamente de excarcelación-. Es esa medida, claramente impopular, según las encuestas, la que se está atacando, con la intención de separar al PSOE de una parte de su electorado que no está de acuerdo. Pero pedir elecciones anticipadas, explican en Génova, sería darle un carácter electoral, y por tanto negativo, a una reclamación -la de no ceder al chantaje de ETA- que el PP quiere colocar frente a los ciudadanos en el plano moral. Rajoy habló, de hecho, de "indignidad", "humillación", "burla de la ambulancia" o "parodias de hospital".

Aun así, el líder, a quien miles de ciudadanos reclamaban esa petición de elecciones anticipadas -elecciones, elecciones, gritaban sin cesar en la plaza de Colón-, dejó caer la idea: "Es hora de que los españoles hablen. Tenemos que impedir que las cosas continúen por este camino delirante", sentenció sin ir más allá.

Las fuentes de la dirección consultadas recuerdan que hay una convocatoria electoral muy cercana, que el PP ha convertido estratégicamente en unas primarias, y sostienen que pedir unas elecciones anticipadas ahora generaría frustración, porque el Gobierno las rechazaría de plano. Sin embargo, el PP está ya calentando motores para el siguiente paso en la estrategia de la presión, que ayer recordó Rajoy: la presentación de Batasuna o sus marcas electorales a los comicios municipales. Si el Ejecutivo lo permite, la reacción del PP será virulenta, y para entonces los dirigentes consultados no descartan esa reclamación de elecciones.

En cuanto a la organización de la manifestación, la dirección estaba ayer más que satisfecha. Además de las cifras -340.000 personas en la octava protesta similar-, se valoró el éxito en el control de los símbolos preconstitucionales. Había, pero la organización y la gente logró que no destacaran. La semana pasada, la dirección se había mostrado preocupada por este asunto, especialmente el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien recordó el ambiente desagradable que él vivió en una concentración nada más producirse el atentado de Barajas, en la que fue increpado.

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