Acuerdo en Doha: ahora o nunca

La importante decisión, tomada a finales de enero por los ministros de Comercio de los países de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de reiniciar las negociaciones que habían quedado en suspenso en julio debe de ser recibida con gran júbilo y con renovada esperanza. En un momento en el que la globalización continúa acelerándose y permitiendo que el crecimiento mundial sea más elevado, más estable y más duradero que en las décadas anteriores, parece descabellado que se hayan paralizado unas negociaciones que ya duran cinco años, en las que se ha avanzado mucho en todos los aspectos más sensibles y que darán otro gran impulso tanto al comercio y la inversión internacional como al crecimiento mundial en los próximos años.

El principal escollo es la subvención de la agricultura en los países de la OCDE

En estos siete meses de suspensión se ha perdido mucho tiempo, aunque se haya mantenido una elevada actividad negociadora sumergida. Tiempo precioso, ya que el 30 de junio expira la Trade Promotion Authority (TPA) que el Congreso de EE UU (que es constitucionalmente quien tiene la última palabra en asuntos de comercio internacional) concedió en 2002 a su presidente para que éste pudiese someter lo acordado en la Ronda de Doha al Congreso dándole una sola opción de voto al conjunto (sí o no) y sin posibilidad de introducir ninguna enmienda. Si estas nuevas negociaciones no se hiciesen con enorme celeridad (poco usual en la OMC, donde negocian 150 países) sería imposible finalizarlas antes de fecha, con lo que Bush tendría que solicitar una extensión de la TPA a un Congreso en el que su partido ya no tiene mayoría.

Sin embargo, la probabilidad de conseguir una extensión temporal de la TPA sería muy elevada si para dicha fecha el Congreso estimara que se ha avanzado ya mucho en la negociación y que existen muchas posibilidades de que concluya pronto. Además, la líder demócrata en el Congreso ha indicado que en el voto de su grupo, en un asunto tan trascendental, no cabrá partidismo alguno. También se ha perdido tiempo en la UE, ya que esta nueva apertura de negociaciones se inicia en medio de las presidenciales francesas a sabiendas de que la agricultura es el principal escollo y que la postura negociadora agrícola de este país es de las más duras dentro de la UE. En todo caso, existe una remota aunque esperanzada probabilidad de que, en la cumbre del G-8 en Alemania del 7 al 9 de junio, se llegase a una posición común de los países desarrollados que pudiera acelerar un acuerdo final.

¿Cuáles son los asuntos en los que es más complicado llegar a un acuerdo en la negociación y que provocaron su suspensión en julio?

El escollo más importante para la mayoría de los países emergentes (el llamado G-20, cuyos líderes son India, Brasil y África del Sur) y para algunos desarrollados exportadores de productos agrícolas como Canadá y Nueva Zelanda (miembros, junto con otros emergentes como Argentina o Brasil, del llamado Grupo de Cairns) es la protección y subvención de la agricultura en los países de la OCDE. Anteriormente, en la reunión del G-8 en Gleneagles en 2005, tras la presión que habían recibido éstos en la reunión de la OMC en Ginebra en 2004, sus miembros ya se comprometieron a tres concesiones: eliminar sus subvenciones agrícolas a la exportación en una fecha "final y creíble" (más tarde en Hong Kong ofrecieron hacerlo en 2013), otra reducción de sus aranceles agrícolas y otorgar a las importaciones agrícolas procedentes de los países menos desarrollados acceso a sus mercados sin aranceles ni contingentes o cuotas.

Actualmente, el problema de la negociación se encuentra, por un lado, en el alto nivel de ayudas internas y de protección a la agricultura en la UE y, por otro, en las todavía elevadas subvenciones agrícolas en EE UU y en Japón. En ambos problemas parece que es crecientemente factible llegar a un acuerdo entre EE UU y la UE que podría llegar a satisfacer las demandas de los países emergentes.

Mediante este potencial acuerdo la UE recortaría en cerca del 60% su nivel arancelario promedio en los productos agrícolas importados (frente a su anterior oferta de reducirlo en un 39%) salvo en un 8% de sus aranceles que protegen aquellos productos que la UE considera "sensibles" y, además, haría un recorte de más del 70% de aquellas subvenciones agrícolas internas que más distorsionan el comercio internacional.

Por su parte, EE UU haría un recorte del 60% en aquellas ayudas a la agricultura que producen más distorsiones al comercio internacional limitándolas a un máximo de 17.000 millones de dólares y un recorte del 90% de su nivel arancelario promedio en los productos agrícolas de importación. Ahora bien, mientras que la UE puede llevar a cabo su propuesta dentro de la reforma de su Política Agrícola Común (PAC) que aprobó en 2003, EE UU necesita reformar su Farm Bill, con lo que en su caso sólo sería una promesa y no necesariamente una realidad.

Por otro lado, los países desarrollados quieren que los países en desarrollo introduzcan un techo máximo arancelario a sus importaciones industriales de los países desarrollados del 15%, salvo para una lista de productos considerados como "especiales" para los países en desarrollo que, además, podrían utilizar cláusulas de salvaguarda en caso de subidas excesivas de las importaciones o caídas excesivas de sus precios.

Si se alcanza este hipotético acuerdo, se podrá avanzar, a continuación, por un lado, en la agenda de desarrollo de la ronda, así como en la liberalización de los servicios, especialmente los medioambientales, financieros, telecomunicaciones y los servicios profesionales a las empresas y, por otro, en la reducción de las barreras no arancelarias, la facilitación del comercio reduciendo la burocracia aduanera y otros, en una mayor predicción, transparencia y disciplinas en los procesos antidumping, en una mayor transparencia y supervisión de los acuerdos comerciales regionales para formar uniones aduaneras y áreas de libre comercio, así como en una defensa de propiedad intelectual de las denominaciones geográficas de origen.

Los costes de no alcanzar un acuerdo final lo antes posible o de un fracaso de la Ronda de Doha pueden ser enormes, no sólo para el futuro del comercio y la inversión internacionales y para la reputación de la OMC, que es la institución internacional de mayor importancia para el desarrollo futuro de la globalización y finalmente para la renta y el crecimiento mundiales, sino para el comercio multilateral, ya que daría lugar a un fortísimo desarrollo de tratados bilaterales y algunos regionales.

Las últimas estimaciones de las ganancias que esta ronda tendría para la economía mundial oscilan entre 44.000 millones de dólares al año, calculados por la OCDE en 2006, si sólo se recortan un 50% las subvenciones agrícolas y otro 50% los aranceles agrícolas e industriales, hasta 278.0000 millones de dólares al año, calculados por Anderson y otros en 2005, si se eliminan todas las subvenciones agrícolas y los aranceles en todos los sectores productivos. En conclusión, vale la pena hacer un esfuerzo para desatascar esta ronda y evitar los riesgos que para el crecimiento mundial de las próximas décadas conllevaría su fracaso.

Guillermo de la Dehesa es presidente de la Cámara de Comercio Internacional en España.