"Tenemos nuestra propia hoja de ruta en investigación"

Andalucía se convirtió el miércoles en una de las pocas regiones europeas en regular la clonación terapéutica. La aprobación de la ley en el Parlamento refuerza el armazón jurídico sobre el que los investigadores apoyarán sus trabajos. El fin último es buscar nuevas terapias para enfermedades con poco o ningún remedio. Al día siguiente de la sesión, en el mismo Parlamento, la consejera de Salud, María Jesús Montero (Sevilla, 1966), rebosa satisfaccción. También parece aliviada por haber resuelto el dilema jurídico que planteaba la petición de Inmaculada Echevarría para que le retirasen el respirador que la mantiene con vida en un hospital de Granada.

Pregunta. ¿Está satisfecha con la ley? Ha salido adelante con bastante consenso.

"Creemos que la ley de clonación terapéutica no va contra ninguna ideología"

"No podemos plantear el debate de la eutanasia de la mano del caso de Inmaculada"

Respuesta. Muy satisfecha porque ha salido sin ningún voto en contra. Pone de relieve que la sociedad andaluza ha considerado una prioridad la investigación como un elemento tanto del desarrollo de Andalucía como de buscar soluciones para pacientes que hoy no la tienen. Es una ley innovadora, pionera, una de las primeras de Europa, y la primera de España.

P. ¿Le ha sorprendido la abstención del PP? Alrededor de esta ley ha habido menos ruido que con la de células madre, a pesar de que ésta va más allá.

R. Su posición se ha ido modificando, votó en contra de la tramitación del proyecto de ley, posteriormente ha habido un trabajo excelente en la comisión de salud donde han comparecido agentes sociales e investigadores. Que el PP haya llegado a la conclusión de que no se puede oponer a una ley que supone un progreso es importante, pero me hubiera gustado que el PP hubiera reconocido que es una ley garantista con componentes jurídicos y éticos que permiten hacer uso de esta técnica sólo para los fines que la ley establece, que tiene muchos filtros, entre ellos algunos propuestos por el PP.

P. ¿Qué razones justifican que se apruebe antes que la ley estatal?

R. En primer lugar son jurídicas, en los estatutos se dice que Andalucía tiene competencias exclusivas en investigación, y por otra parte porque tenemos nuestra propia hoja de ruta en materia de investigación. Hemos desarrollado la ley de células embrionarias, traeremos la ley de génetica, Innovación está desarrollando la ley de la ciencia, en definitiva tenemos nuestra apuesta por que Andalucía sea referente en materia de investigación. No es contradictorio, saludamos que el Gobierno presente una ley que permita la regulación de esta técnica porque va a permitir que haya muchos grupos de investigación trabajando en España.

P. ¿Podría darse alguna colisión entre ambas leyes, que luego les obligue a modificar lo aprobado esta semana?

R. La ley de investigación biomédica es coherente con lo que en Andalucía estamos desarrollando. La nuestra es más concreta, crea un comité específico de reprogramación celular para que aprueben los proyectos de investigación, son garantías adicionales sobre otros elementos que el Estado pueda regular.

P. ¿Ha habido presiones de la Iglesia u otros colectivos contra este proyecto?

R. No. En España no había ninguna ley que prohibiera esta técnica, pero tampoco existía ninguna ley que lo regulara, ni tampoco existía un ordenamiento jurídico que impidiera que se legislara en esta materia. No vamos en contra de ninguna ideología.

P. ¿Se atreve a dar plazos para rentabilizar esta ley en el plano clínico?

R. No corresponde a la Consejería de Salud, pertenece al ritmo de las investigaciones. Creo que los investigadores son absolutamente prudentes y honestos, no se garantiza ningún tipo de resultados, se permite usar una técnica que podría darlos en el futuro.

P. ¿Hay instrumentos suficientes para garantizar que la técnica sólo se usará para los fines terapéuticos y que no pueda darse un uso reproductivo?

R. Hay tres elementos. Se prohíbe taxativamente que se usen para cualquier finalidad que no sea terapéutica, prohíbe la transferencia de este material celular a cualquier útero materno, y también se prevé la destrucción de material celular después de 14 días de evolución. Hay tres garantías claras, una prohibición y dos garantías que son necesarias para regular que no se utilice este material para otra finalidad que no sea la que presenta el proyecto de investigación.

P. ¿Teme que pueda acabar en los tribunales la actuación de la Administración andaluza tras la desconexión del respirador de Inmaculada Echevarría?

R. Hemos dado los pasos necesarios para garantizar a los profesionales que lo que pide Inmaculada Echevarría es un derecho y no es punible en el ordenamiento jurídico vigente. Este caso tiene suficientes elementos para que todo el mundo tenga claro que no es un caso de eutanasia, tratándose de un rechazo de tratamiento se contempla en la ley de autonomía del paciente. Nunca se puede asegurar que cualquier actuación de un profesional o la Junta no acabe en los tribunales, pero creo que tras el dictamen del comité de ética y del Consejo Consultivo el riesgo es realmente bajo.

P. Este caso crea un precedente. ¿Podría alentar otras peticiones?

R. No. Cada caso es singular. En éste se han estudiado las circunstancias concretas. Inmaculada no ha solicitado eutanasia, sino la retirada de un soporte vital que la mantiene artificialmente con vida. No tengo constancia de otros casos. Alumbra claridad sobre lo que es eutanasia y lo que es rechazo de un tratamiento, que son dos cosas distintas.

P. Usted pareció reticente al principio. ¿Se ha convencido durante el proceso?

R. Nunca hemos sido reticentes, lo que ocurre es que el caso se inicia con una petición pública de una inyección para acortar su vida, eso era eutanasia, por eso en aquel momento se dijo que no cabía la petición. Yo fui de las primeras que pidió cautela para saber qué pedía exactamente la paciente. Desde lo que primero pidió hasta lo que solicitó después a la Junta son dos conceptos distintos. Uno era eutanasia y otro rechazo de tratamiento.

P. ¿Es el momento de regular la eutanasia?

R. Es un debate independiente del caso de Inmaculada. No podemos plantear el debate de su mano.

P. Al margen de este caso en concreto, ¿cree que habría que regularla?

R. Al igual que el ministerio, creo que hay que procurar un gran consenso y dejar que la sociedad madure. Pero no le corresponde a la Junta. Es una materia de Código Penal.

P. ¿Conoce a Inmaculada?

R. No. Hemos mantenido la relación en la esfera privada, entre el médico y la paciente.

P. ¿Comparte su petición, la entiende?

R. Sí. Pueden ocurrir muchas circunstancias en la vida que a uno le lleven a adoptar esa petición. A todos nos gustaría que los ciudadanos no llegaran a esas conclusiones, pero una vez que han ocurrido comprendo que Inmaculada se dirija a la Administración y le pida que cumpla su derecho.