La Xunta democratiza la elección de los directores de los centros docentes públicos

El Consello de la Xunta puso ayer fin al control que tenía sobre el nombramiento de los directores de los centros docentes públicos. A partir de ahora será una comisión específica, en la que la participación de la Consellería se limitará a un único representante, la que decidirá quién va a dirigir los centros. En la misma sesión del Consello, la Xunta dio su aprobación al programa de reducción de la contaminación de las aguas para la cría de moluscos en la ría de Vigo con el que pretende dar satisfacción a las demandas formuladas por la Unión Europea.

La reforma aprobada ayer por el Consello de la Xunta establece que la selección y el nombramiento de los directores de los centros docentes públicos mediante un concurso de méritos. Los aspirantes deberán ser funcionarios con una antigüedad superior a los cinco años y tendrán que presentar un proyecto de dirección que incluya objetivos y líneas de actuación. Una comisión de selección en la que sólo habrá un representante de la Consellería de Educación, se encargará de evaluar los méritos de los aspirantes.

Además de la renuncia de la Administración a decidir la dirección de los centros, tal y como ocurría hasta ahora, el decreto redactado por del departamento que dirige la conselleira Laura Sánchez Piñón también incluye una ampliación del mandato de los directores de tres a cuatro años. Los aspirantes deberán superar un programa de formación inicial de cien horas de duración y los que finalmente sean nombrados serán retribuidos de forma diferenciada mediante los complementos que a este efecto fije la administración educativa.

En la misma sesión del Consello de la Xunta el Gobierno gallego analizó el contenido de un informe en torno al programa de reducción de la contaminación de las aguas para la cría de moluscos en la ría de Vigo con el que pretende hacer frente al emplazamiento tramitado por la Unión Europea en torno a este asunto el pasado mes de diciembre.

Con esta iniciativa, que mereció ayer el elogio del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, Medio Ambiente pretende sortear la amenaza de sanciones de la Unión Europea por el retraso que acumula el saneamiento de la ría de Vigo. El programa oficial, cuya finalización ha sido fijada para 2010, representa una inversión de 209 millones de euros, el grueso de los cuales (180 millones) corresponde a la construcción de la depuradora de aguas residuales de Vigo, el principal núcleo urbano responsable del deterioro ambiental de la ría. Las obras de la depuradora, que se financiará en gran parte con fondos del Gobierno central, serán licitadas a finales de este año.

El programa, que se completará con la ayuda de un programa informático que se ocupará de evaluar la reducción de la carga contaminante, será remitido a Bruselas el próximo jueves.

En materia medioambiental la Xunta aprobó también la licitación de la depuradora de O Carballiño, la tercera de tamaño medio del conjunto de 23 que ha programado construir a lo largo de los próximos años. Las más importantes serán aprobadas en el segundo semestre del año, según anunció el propio Pérez Touriño.

También mereció el respaldo del Gobierno la firma de un convenio entre la Consellería de Pesca y la Cofradía de Pescadores de A Coruña para establecer las condiciones de cooperación entre ambas para llevar a cabo acciones durante el presente año en el marco del plan de recuperación de la ría do Burgo.

Los acuerdos aprobados por la Xunta incluyen a su vez una inversión de 18 millones en diferentes actuaciones en carreteras, entre las que destaca el inicio de las expropiaciones de los primeros seis kilómetros del corredor de Costa da Morte entre Cee y Sardiñeiro (13 millones).

También mereció la atención del Consello la concesión de casi cuatro millones de euros en apoyo de la planta de fabricación de biodiésel a partir de aceites vegetales que se va a construir en el municipio coruñés de Arteixo, cerca de la refinería de Repsol YPF, que será uno de sus clientes principales, y que supone una inversión total de 45 millones de euros. La planta permitirá crear un total de 35 empleos indefinidos.