Educación impone a 2.000 niños de 8 colegios públicos cambiar de barrio al pasar a la ESO

La Generalitat prepara cambios de 180º en el área clave de la planificación educativa en la red pública: la que regula la transferencia ordenada de los niños que terminan Primaria y que, al pasar a Secundaria, están obligados a mudarse a los institutos de referencia asignados. En una iniciativa sin precedentes, Educación ordenó el 15 de enero modificaciones en las adscripciones que afectan a una decena de barrios encuadrados en la revalorizada zona urbana entre las avenidas de Aragón, Alameda, Puerto y Serrería. Las instrucciones dictadas a los directores de 8 colegios -que gestionan una oferta pública de 2.000 plazas en estos barrios- forzarán desde septiembre a niños de 11 y 12 años a cambiar de barrio y de compañeros al llegar a la ESO.

"Es un golpe brutal a la red pública en una zona dominada por las dos patronales privadas"

Las instrucciones dadas a los directores de los institutos IES Ramón Llull, Sorolla, Serpis y el recién terminado Cabanyal, apenas el 15 de enero pasado (y con menos de una semana para que los claustros pudieran presentar alegaciones o analizar la idoneidad o no de la medida) son muy precisas y modifican de plano la adscripción de las 2.000 plazas públicas de ocho colegios de primaria repartidos en la cotizada trama urbana que atraviesa la arteria universitaria de Blasco Ibáñez hacia el mar. Se trata de los colegios públicos Explorador Andrés, Santiago Grisolía, García López, Vicente Gaos, Nuestra Señora del Carmen, Ayora y el colegio privado concertado Europa, al que al denegarle la continuidad de los conciertos en la ESO, se obliga a dar continuidad a la matrícula gratuita que tenía, para lo cual sus alumnos irán al Instituto Ramón Llull, que está masificado y que tendrá que dejar fuera de su adscripción a los alumnos del Explorador Andrés, su "colegio de origen", del que procede parte de la plantilla de profesores.

Ésta "coordinación de equipos de profesores" entre colegios e institutos funciona también, por ejemplo, entre el IES Serpis y el CP Mare Nostrum, y se revela como la expresión máxima de una "distorsión" que se extiende a "los niños de primaria que estudian en valenciano íntegramente, y que con el cambio pierden su continuidad pedagógica", añade otro padre del Explorador Andrés, Julio B. A partir de septiembre los niños de 11 y 12 años de este colegio se verán obligados a cambiar de barrio para estudiar en el nuevo IES Cabanyal. "Un macrocentro estrella, en el corazón del Marítim, con capacidad para 1.500 alumnos, que el PP ha pactado estrenar en abril en plena campaña electoral y con la Copa del América de por medio, tras años de obras y barracones", denuncia Mónica, otra madre indignada que ayer, junto a centenares de padres e hijos, se plantó en el Registro de Entrada de Educación, en protesta -"¡Para colmo!"- por el apagón informativo de la directora y la consejería. "Además de la ruptura pedagógica y emocional por perder a los amigos" está el drama de que "parte en dos a muchas familias que a partir de septiembre tendrán hijos mayores en dos centros y menores en otro", anticipa Amalia C., empresaria que dirige un centro de apoyo psicoterapéutico y madre del Explorador Andrés.

"Es de locos", remata otra madre que prefiere no dar su nombre del CP Vicente Gaos, quien denuncia la "connivencia de una parte del AMPA y la dirección del centro y de la estructura de Personal terapéutico y orientación, que llevan años fraguando el cambio con Educación, para hacer una selección del alumnado". Un argumento que, "si se comparan los datos de matrícula del Consejo Municipal y los cambios menores en las adscripciones realizadas en los últimos años cobra cuerpo", según confirman un par de directores, y dos representantes en distintos consejos escolares municipales. "Se trata de evitar que el buque insignia del PP en el Cabanyal, se llene de gitanos, inmigrantes o gente sin poder económico". Para rematar, en el IES Sorolla y en el Serpis -que "en seis años de vida ha padecido tres adscripciones distintas en función del retraso que llevaran las obras en otros centros"- "los maestros están desmoralizados", resume Paloma.

Directores, profesores, técnicos e incluso personal vinculado al sector privado de la educación ven en la operación "una redistribución completa encubierta en grandes avenidas donde el volumen de oferta pública es desplazado por las patronales privadas, que gestionan más del 60% de la matrícula concertada desde la infantil al Bachillerato". Es un "golpe brutal a la red pública de la zona", según representantes en los Consejos Escolares Municipales, que con la nueva ley de Educación (LOE) tendrán una misión clave en el control y reparto equitativo de la matrícula.

La "confusión" sembrada por el apagón informativo de Educación (como se apreció ayer) en puertas de la apertura de matrícula "ha sembrado una psicosis entre los padres con niños de sólo 9 años, compañeros de clase de mi hijo, que se han subido a la furgoneta publicitaria del CEU -que ya imparte ESO y Bachillerato en Moncada- y ya los han matriculado allí para tener plaza dentro de años en Secundaria, y encima los recogen y traen en autobús a Blasco Ibáñez, pagando, claro, 470 euros", denuncia Amalia.

La única explicación "técnica" que ha dado el responsable de la Dirección General de Enseñanza, Josep Vicent Felip, ha sido medir la distancia de los cambios en metros. "No en pérdidas educativas, de amigos, de la línea en valenciano, de desestabilización en la organización laboral y escolar", resume Jorge, el presidente del AMPA del CP Explorador Andrés, donde parece estar el epicentro del sismo que ha dinamitado la planificación educativa. "Y yo que vivo en Blasco Ibáñez y desde la ventana podría ver entrar a mi hijo en el IES Ramon Llull, tendré que llevarlo a 1,3 kilómetros, al IES Cabanyal".