La Fiscalía perseguirá de oficio a los propietarios que no limpien el monte

La Fiscalía de Medio Ambiente actuará de oficio contra las empresas e instituciones que incumplan los planes de prevención de incendios forestales. El borrador de instrucción que prepara la Fiscalía General del Estado contempla sanciones por negligencia cuando la falta de limpieza y cuidado de las propiedades sea la causa del inicio de un fuego. El Ministerio Público tratará de coordinar a los distintos cuerpos policiales en la investigación de los incendios y reclama que los gastos de extinción se incluyan en las indemnizaciones que deberán afrontar los culpables.

El objetivo del Ministerio Fiscal es impedir que la falta de limpieza de las fincas por parte de empresas o instituciones provoque o agrave los incendios forestales. Con ese fin, el fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha elaborado un borrador de instrucción sobre el control de las tareas de prevención por parte de su institución -que ha enviado ya a la Fiscalía General del Estado- en el que recomienda al Ministerio Público ejercer la acusación contra las compañías y organismos oficiales siempre que se demuestre que el descuido de sus instalaciones ha sido un factor determinante en el origen del fuego.

En su exposición, el fiscal recuerda que "en los últimos años se han producido "muchísimos incendios como consecuencia de la no presentación de planes de limpieza por parte de empresas de distribución de electricidad o en las zonas adyacentes a las vías de comunicación, carreteras e infraestructuras similares".

Aunque Vercher, elude citar episodios concretos, fuentes de la fiscalía han confirmado que la medida trata de evitar que se repitan situaciones como las vividas entre el 4 y el 14 de agosto en Galicia, cuando "el abandono de los márgenes de la Autopista del Atlántico" por parte de la empresa concesionaria agravó muchos de los fuegos declarados entre Santiago y Pontevedra y obligó a cortar en varias ocasiones la principal infraestructura de Galicia, poniendo en peligro a centenares de conductores.

La argumentación de la Fiscalía inspiradora de la nueva instrucción que deberá aprobar el fiscal general del Estado es aplastante: "A las empresas les debe interesar la prevención en sus terrenos, porque así nadie podrá exigir ningún tipo de responsabilidades y tampoco indemnizaciones". En el caso contrario, el Ministerio Público podrá acusar a las empresas e instituciones que considere responsables de negligencia.

Además de perseguir delitos por omisión, las nuevas instrucciones que estudia el Ministerio Fiscal, apuntan a que en el futuro, los responsables de los incendios se vean obligados a afrontar dentro de las indemnizaciones por responsabilidad civil los costes de los trabajos de extinción.

La experiencia de los últimos veranos que ha puesto en evidencia los problemas de coordinación entres los distintas policías responsables de perseguir a los pirómanos han llevado al fiscal coordinador de Medio Ambiente a reclamar también una mayor implicación del ministerio público en la dirección de las pesquisas policiales. "Lo que se pretende es que desde el momento en que el fiscal ejerce la dirección (al igual que cuando le compete a un juez) de una investigación, intente lograr las mejores perspectivas de coordinación y efectividad en el trabajo de los distintos cuerpos de seguridad. El propio Vercher, admite que durante los últimos años "han existido graves problemas de coordinación policial en temas de medio ambiente y sobre todo en lo relativo a la investigación de los incendios".

El actual reparto de atribuciones y la negativa de los distintos cuerpos de seguridad (policía nacional, Guardia Civil y policía municipal) a desprenderse de competencias relacionadas con la protección de la naturaleza es una de las disfunciones que la Fiscalía General del Estado intentará corregir a través de las instrucciones que se encuentran en fase de estudio.

Protección de testigos

El fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, aboga por que la investigación de los fuegos incorpore la figura del testigo protegido, que no se ha utilizado ni una sola vez en la persecución de los pirómanos, pese a que esa posibilidad aparece contemplada en la ley de Protección de Peritos y Testigos. García Ortiz defiende que en el futuro se pueda ofrecer protección a quien denuncie u ofrezca pistas sobre un fuego porque "a la hora de resolver el problema criminal de los incendios es imprescindible la colaboración de la sociedad y del entorno del pirómano".

El responsable de la investigación de los fuegos recuerda que las detenciones realizadas durante los últimos años han trazado un perfil "bastante definido" del pirómano gallego. García Ortiz asegura que la Justicia debe dar cobertura a los testigos que viven "en entornos cerrados y con relaciones de parentestco" puedan aportar su testimonio "muchas veces fundamental para poder obtener sentencias inculpatorias".