Montilla pide un informe jurídico sobre las indemnizaciones de la CCRTV

El presidente de la Generalitat, José Montilla, pidió ayer un "informe" a los servicios jurídicos para conocer el alcance de los "indicios de irregularidades contables" referidos al cobro de indemnizaciones millonarias a directivos de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) detectados por el Tribunal de Cuentas en la gestión de Miquel Puig y Vicenç Villatoro al frente del ente durante 2002 y 2003.

El presidente de la Generalitat quiere disponer de la máxima información antes de decidir si el Gobierno catalán lleva ante la justicia el caso de las presuntas indemnizaciones irregulares detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de la CCRTV bajo el mandato de CiU.

Ayer, todos los grupos parlamentarios, a excepción de CiU, abogaron por depurar responsabilidades en el caso. Tras el anuncio el martes en el Parlament por parte del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, de la apertura de diligencias por indicios de responsabilidad contable en las presuntas indemnizaciones irregulares, los tres partidos del Gobierno, PSC, ERC i ICV-EUiA, acordaron negociar una propuesta de resolución que se votará en la próxima sesión de la comisión del Tribunal de Cuentas. Joan Ridao, portavoz de ERC, pidió ayer llevar el caso a la "justicia ordinaria", aunque fuentes de su partido matizaron que la resolución no será tan explícita.

El comité de empresa de TV-3 hizo público ayer un comunicado en el que reclama la investigación de las irregularidades contables, que considera "inadmisibles" y que juzga que perjudican "gravemente la imagen y la economía de la CCRTV".

En su informe sobre la fiscalización de las cuentas la CCRTV de los ejercicios 2002 y 2003, época en que gobernaba CiU, el Tribunal de Cuentas ha hallado casos que vulneran el decreto de 1994 del Gobierno catalán sobre indemnizaciones en las personas del ex director de Catalunya Ràdio, Joan Maria Clavaguera; del ex director y la ex gerente de TV-3, Joan Oliver y Carme Ponte; y del ex adjunto al director general y el ex secretario general de la CCRTV, Josep Manuel Ferrer y Josep Badia.

Joan Maria Clavaguera recibió una indemnización de 90 días por año trabajado tras modificarse su contrato laboral, que establecía 45 días por año trabajado, después de que fuera destituido de su cargo como director de Catalunya Ràdio. Joan Oliver recibió una indemnización tras ser destituido como director de TV-3 que le reconocía una antigüedad desde 1992, como director del programa Bon dia -con contrato mercantil de prestación de servicios-, cuando su contrato laboral como director de TV-3 sólo era efectivo desde el 14 de marzo de 2002.

En la indemnización percibida por Carme Ponte se le reconocieron siete años de antigüedad por servicios prestados como interina y funcionaria de la Generalitat previos a su contrato como gerente de TV-3. Por sus dos años como adjunto a la dirección general de la CCRTV, Josep Manuel Ferrer recibió una indemnización equivalente a tres años de salario. Y a Josep Badia, que firmó contrato como secretario general de la CCRTV el 17 de mayo de 2002, se le reconoció en la indemnización una antigüedad desde el 12 de marzo de 1991 por servicios prestados en varios organismos y entidades dependientes de diferentes departamentos de la Generalitat.

En 2002, las indemnizaciones pagadas a los altos ejecutivos de TV-3 y Catalunya Ràdio ascendieron a 1,23 millones de euros cuando, en el mismo periodo, los sueldos de todos los trabajadores de la CCRTV se elevaron a 1,85 millones.