¿Hasta cuándo?

Con la fecha del 8 de marzo surgen preguntas sobre aspectos que afectan a las mujeres en la actualidad con tanta o más urgencia que el empleo. El problema del empleo, de su falta y de su baja calidad, con relación a las mujeres que no lo encuentran o las que trabajan en puestos que conllevan bajos salarios y escasa consideración social, es un tema cuyo debate sigue siendo necesario en nuestra sociedad. Todavía en España, como en otros países -menos, en los más desarrollados- las mujeres son, con respecto a los varones, las que acumulan mayor desempleo, su salario medio puede ser de alrededor de las tres cuartas partes del promedio del de los varones, se encuentran más en el trabajo a tiempo parcial y acumulan menos derechos para su vejez, por lo que también seguirán en esa etapa final discriminadas respecto a los varones.

Se necesita una reflexión: si una ley no es operativa sólo es un papel inútil

En 1982, ya se declaró por las Naciones Unidas, en la Asamblea Mundial de Envejecimiento celebrada en Viena, que las mujeres ancianas eran en todo el mundo las más pobres entre los pobres. No resulta extraño que desde la teoría feminista se considere que la pobreza de las mujeres en la vejez comienza el primer día en que trabajan. Pero siendo así de importante la desigualdad laboral de las mujeres con respecto a los varones, y siendo tan necesario trabajar en ese sentido -recordarlo en estas fechas resulta sumamente pertinente-, me quiero referir ahora a un problema no tan minoritario, como es la violencia contra las mujeres en su entorno familiar, y en concreto al asesinato o feminicidio, como también se está dando en llamar a la muerte violentamente provocada de las mujeres.

¿Cuántas mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas son necesarias para tomar las medidas necesarias para acabar con esta sangría? ¿Cuántas para que los políticos, ¡y las políticas!, se dediquen con todo ahínco, como es su obligación, a trabajar rigurosamente en un objetivo en el que podrían encontrar por fin consenso? ¿Cuántas para concienciar a grupos feministas, tan activos en algunas ocasiones, sobre la necesidad de reflexionar seriamente sobre las medidas legales existentes y su puesta en práctica? ¿Cuantas para que las mujeres todas, y los hombres también, nos decidamos a buscar modos de presionar a quienes desde el poder político tienen la obligación de velar por la vida y la salud de los ciudadanos?

Da la sensación de que nos hemos acostumbrado a la violencia contra las mujeres como parte también de la violencia existente, que parece es inevitable. Es cierto que el maltrato doméstico es un fenómeno universal y que afecta tanto a los países ricos como a los pobres y a todas las clases sociales. Pero si no se puede evitar su erradicación, al menos hay que poner todos los medios para reducir esa lacra a su mínima expresión.

En alguna ocasión he pensado en un artículo que publiqué hace varios meses en este periódico sobre la importancia de la educación para luchar contra la violencia sexista. Me refería a que, incluso habiendo leyes adecuadas, medios para ponerlas en práctica, concienciación ciudadana y política sobre ese problema, son a veces las propias mujeres maltratadas las que no saben interpretar el trato inhumano que reciben como tal. Así, pueden asumir la violencia contra ellas de sus parejas como algo normal porque "los hombres son todos así", o porque "me quiere mucho" o "es muy celoso", o porque "como no estoy a la altura le provoco esos accesos de ira".

Insistía en la necesidad de la educación en el respeto como norma general para toda la sociedad en cualesquiera circunstancias, entornos y grupos de edad. En la necesidad, también, de una educación sentimental para varones y mujeres. Pretendía, en suma, hacer hincapié en la importancia de la educación en el respeto al otro y a sí mismo. Sin embargo, a veces pienso que puede ser peligroso y resultar engañoso, pese a pretender lo contrario, hablar de la importancia de la educación sin insistir suficientemente en la necesidad de crear leyes acertadas, justas -que no discriminen por género a nadie-, consensuadas, que queden claras y sea factible su aplicación.

En el caso de España, la llamada Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, pretende poner fin o reducir al máximo el maltrato a las mujeres en el seno familiar. Representa muy bien el proceso que se produce al brotar de la sociedad la inquietud por esos hechos y reflejarse después en los medios de comunicación, manifestándose así como problema social y convirtiéndose finalmente en un problema político expresado por medio de la creación de leyes. Sin embargo, no parece que se hayan conseguido los objetivos propuestos.

Más bien resulta inquietante el mantenimiento, o incluso aumento, del número de mujeres asesinadas. Aquí es donde resulta precisa una reflexión seguida de una acción inmediata en cuanto a la financiación de los recursos que sean precisos y necesarios, sean estos judiciales, policiales, de servicios sociales y sanitarios. Una ley si no es operativa sólo es un papel inútil. El esfuerzo de esta sociedad y de la Administración en pos de lograr esa efectividad de una legislación fuertemente solicitada parece urgente. También las políticas educativas.

María Teresa Bazo es catedrática de Sociología de la UPV-EHU.