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El Supremo anula la provisión de 16 policías locales de Lugo

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la convocatoria de la provisión de 16 plazas de policías interinos en el Ayuntamiento de Lugo.

La contratación de los policías interinos se produjo el 10 de julio de 2002 y, desde entonces, vienen desempeñando la actividad en la misma situación, pese a que el 16 de marzo de 2005 el TSXG dictó una sentencia que anula las bases de contratación, al no considerar justificada la urgencia que en su día esgrimió el gobierno local.

El alto tribunal gallego, tras un proceso iniciado por la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), estimó que no existía ninguna urgencia para la convocatoria del "elevado número de plazas", al no haberse acreditado un aumento de la población. Tampoco se constató un incremento del parque automovilístico o de la criminalidad que pudiera, dice la sentencia, resultar determinante de una urgencia.

El Supremo incluso condena a la institución local al pago de las costas, en una cantidad máxima de 2.000 euros, al apreciar "temeridad" en la interposición del recurso por parte del Ayuntamiento lucense, "a la vista de la razonabilidad de los fundamentos de la sentencia recurrida".

El portavoz de la CSIF, Benito Martínez Muinelo, se congratuló de la resolución del TS y atribuyó la existencia de policías interinos al intento del anterior delegado de policía, Francisco Fernández Liñares, de "anular" al resto de funcionarios de carrera, ya que trabajan, dijo, "bajo una obediencia ciega" hacia el alcalde. Muinelo aseguró que a estos policías se les dotó de "más material" y "más medios" para desempeñar "menos funciones", y se puso a su frente a mandos diferentes para constituir una plantilla "totalmente paralela" para, insistió, "anular al resto de funcionarios".

Sanciones cuestionadas

El ayuntamiento, según sostuvo el actual delegado de policía, José Ángel González Corredoira, aún no dispone oficialmente de la resolución del TS, y cuando la reciba contará con dos meses para proceder a su ejecución, lo que se traduciría en el cese de la actividad de los interinos. De todas formas espera que no resulte necesaria la adopción de ninguna medida, puesto que ya se publicaron las bases en el Boletín Oficial de la Provincia para cubrir, en oposición pública, estas 16 plazas a las que no podrá concurrir uno de los policías por exceder la edad de 30 años.

Con estas resoluciones también quedan cuestionadas las sanciones impuestas por los policías interinos, que podrían ser nulas de pleno derecho si se llega a producir alguna reclamación. Sin embargo, Corredoira sostiene que las consultas realizadas sobre este particular indican que no existe "ningún inconveniente" a ese respecto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de marzo de 2007