La Fiscalía no halla culpables de la pérdida de exámenes
La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decidió archivar las diligencias informativas abiertas tras la pérdida el pasado mes de octubre de 123 exámenes de opositores a la escala de arquitectos técnicos de grado medio de la Xunta, debido a que no existen "elementos objetivos y personales sobre los que centrar la acción penal". El caso provocó en su día la dimisión del director general de la Función Pública y la destitución de dos subdirectores y una jefa de servicio de la Consellería de Presidencia.
En declaraciones a Europa Press, el fiscal José R. Piñol Rodríguez, que suscribe el decreto de archivo de las diligencias, señaló que, debido a "prácticas muy deficientes" en la custodia de los exámenes, "no se puede saber quién pudo sacar voluntaria o equivocadamente" las pruebas de los opositores. "Tal y como está estructurado el servicio, no hay ninguna posibilidad de saber quién es el responsable", aseveró.
Por esa razón Piñol Rodríguez no presentará ninguna acción judicial a raíz de que la Consellería de Presidencia le remitiese el caso para determinar la existencia de responsabilidades penales. Cabe la posibilidad de que algún afectado emprenda acciones judiciales, pero el fiscal advirtió de que "sería una denuncia inviable" ante la imposibilidad de determinar un responsable.
Custodia "caótica"
No obstante, la Fiscalía del TSXG critica "la forma tan poco clara y cuidadosa" en la que se gestionaba el depósito de exámenes y llega a afirmar que el archivo de la documentación en el búnker de custodia de las pruebas "se hacía de la manera más caótica que se pueda imaginar". En su opinión, "parece muy probable que se pudiera confundir alguna caja con otra", ya que carecían de etiquetas identificativas y, además, "no hay ningún plan de selección del material a destruir" que pudiese impedir que la caja con los exámenes fuese trasladada por una empresa de mudanzas hasta una planta de reciclado de papel.
La Fiscalía cree que "existen sospechas" que pueden hacer pensar en "la intervención dolosa" de alguien en la desaparición de los exámenes, aunque "no se puede pasar de ese dato dudoso hasta una evidencia" que dé lugar a una incriminación. "Podría ser cualquiera", asegura Piñol, porque "entró mucha gente" en el búnker y el servicio estaba "mal organizado". Pero no descarta que una "negligencia" hubiese provocado el envío de los exámenes a reciclar e incluso que "que la colocación de la caja en el búnker no se hubiera llegado a realizar".
El fiscal critica en su escrito que, pese a que la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) dispone de un servicio de seguridad, "no existe ninguna serie de reglas, protocolos o prácticas escritas" para determinar quiénes pueden acceder a los lugares o manipular documentos depositados.
