La Fiscalía de Córdoba aboga por la "rigidez" contra las parcelas ilegales

El fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, pidió ayer que la ley se aplique de forma "rígida" para luchar contra la proliferación de parcelaciones o urbanizaciones ilegales. En el municipio cordobés se estima que existen unas 6.000 casas que se levantaron al margen del ordenamiento. La mayoría está en proceso de regularización, pero hay algunas de estas urbanizaciones que están en zonas sensibles. Es el caso de las tres parcelaciones que hay dentro de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto arqueológico de Medina Azahara. Según Martín Cano, esta aplicación "rígida" de la ley tiene que realizarse en ese caso, ya que "está en juego un yacimiento, que si se pierde, no se podrá recuperar y se acabará la posibilidad de estudiarlo arqueológicamente".

Martín Cano, que participó en unas jornadas sobre urbanismo, afirmó que desde que en 2004 fue nombrado fiscal jefe se ha "intentado dar toda clase de avisos" a las personas que levantan sus viviendas en parcelaciones ilegales. Pero en Córdoba todavía no se ha obligado al derribo de casas ilegales.

Hasta el momento, la única orden de demolición para este tipo de edificaciones en la provincia se refiere a un caso del municipio de Obejo. En noviembre de 2006, se dictó la sentencia en la que se condenaba al promotor de cinco viviendas ilegales a un año y ocho meses de prisión. Además de una multa de 2.520 euros, se ordenaba el derribo de la construcción ilegal. Este fallo acaba de ser ratificado por la Audiencia de Córdoba por lo que al propietario sólo le queda recurrir al Tribunal Constitucional.

El mismo juzgado que vio inicialmente este asunto se inclinó por igual decisión en otro caso de un vecino de Puente Genil, que acometió una obra en suelo rústico sin la licencia necesaria. Sin embargo, en Córdoba capital todavía no se ha fallado el derribo de ninguna construcción ilegal. El último caso que ha llegado hasta los tribunales es el de seis casas levantadas en la zona de protección de Medina Azahara. De momento, la fiscalía está estudiando el caso.

El asunto de las construcciones ilegales también afecta al ámbito político, ya que son las administraciones, fundamentalmente la local aunque también la autonómica, las que tienen que velar por el cumplimiento de la legalidad.

El candidato del PSOE a la alcaldía de Córdoba, Rafael Blanco, pidió ayer que la Justicia actúe "con contundencia" en este asunto. Además, también reclamó que las administraciones asuman sus responsabilidades. Por su parte, el candidato del PP, José Antonio Nieto, conminó al Ayuntamiento a que evite la proliferación de casas ilegales. Sin embargo, prometió que, si gana las elecciones, garantizará la legalidad "en todas las parcelaciones".