Anticorrupción detecta pagos de empresas a dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos

La Fiscalía Anticorrupción ha detectado pagos de constructoras y contratistas locales a los ex regidores socialistas de Ciempozuelos (Madrid) Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, por lo que exige al juez -aún están sin practicar pruebas que pidió en octubre pasado- el rastreo de 30 cuentas bancarias de Pedro Torrejón, el análisis de sus cerca de 20 negocios inmobiliarios sospechosos y el examen de 25 empresas con posible relación con el caso. El fiscal ve en esta trama el origen del millón de euros que depositaron en Andorra los ex alcaldes y del resto de su injustificado patrimonio.

El escrito remitido ayer por Anticorrupción al juez del caso, Agustín Carretero, apunta que de la documentación que aparece en el sumario de la Agencia Tributaria se puede deducir lo siguiente: "Existe una serie de datos que permiten deducir el cobro por Torrejón, amparado por [Elena] Berrio [su esposa], de cantidades importantes de dinero incompatibles con su posición de alcalde de Ciempozuelos, a los que habría tenido acceso, en menor o mayor medida, Tejeiro". El fiscal ve agravado ese hecho por la circunstancia de que dichos pagos recibidos por los dos ex regidores socialistas han tenido su origen "bien en sociedades constructoras con intereses en el municipio de Ciempozuelos (como Esprode, por ejemplo), bien en contratistas del Ayuntamiento que presidía, como los derivados de Francisco Méndez y sus sociedades".

Por todo ello, las diligencias de investigación sobre cuentas bancarias que el fiscal ahora vuelve a pedir tienen como fin "el esclarecimiento de tales pagos y, en consecuencia, la averiguación de los posibles delitos de cohecho que, en el caso de las constructoras, derivarían inevitablemente en perjuicio de la ordenación urbanística del municipio de Ciempozuelos".

Uno de los personajes que ya aflora en esta trama de operaciones inmobiliarias sospechosas y pagos de Torrejón es Francisco Javier Marazuela, un conocido intermediario en la compraventa de cientos de fincas en Ciempozuelos y amigo del citado ex alcalde.

El escrito del fiscal detalla varias operaciones sospechosas de Torrejón con este comisionista inmobiliario. Por ejemplo, le vendió el 18 de mayo de 2005 una finca en Almuñécar (Granada) por 223.000 euros a Urbanges (perteneciente a Marazuela). El fiscal analiza, además, año tras año, todos los flujos o movimientos sospechosos y compraventas inmobiliarias de la empresa de Torrejón, Pradogest.

El ex alcalde Torrejón aparece como comprador a Antonio Moyano Paredes, junto con Realia Bussiness, filial de Cajamadrid, de fincas en Ciempozuelos en julio de 2005 por casi 3,7 millones de euros. Para esclarecer este entramado de compraventas inmobiliarias, de ingresos y pagos que perseguirían presuntamente tanto nutrir como difuminar y ocultar el patrimonio real de los ex alcaldes, el fiscal solicita el análisis de las 30 cuentas bancarias que manejaba Torrejón, su hija y esposa y su sociedad, Pradogest, en distintos municipios españoles.

A la empresa GD Maquinaria, del imputado contratista Francisco Méndez, le insta a que justifique sus pagos a Torrejón, al igual que a las empresas vinculadas a los imputados consejeros de Esprode, como Sugessa Gestión, que le facturaba cerca de 200.000 euros en alguno de los ejercicios analizados.

Del dueño de Urbanges, el comisionista Marazuela y uno de los empresarios que abonaban pagos a la sociedad de Torrejón -145.000 euros en 2005, por ejemplo-, se pide información a la Agencia Tributaria sobre todas sus sociedades (Viajes Sanitur, Ischadia Bus, Ischadia Car, Urbanges, Frangest, Lipasa Urbanismo, Kopa Reprografía, Expansión Travel) y explicación de sus pagos a Pradogest. También se intentan esclarecer, vía Hacienda, todos los ingresos y pagos realizados por Torrealta Gestión desde 1997, sociedad que suele acabar como propietaria de inmuebles inicialmente comprados por Torrejón o su sociedad. En ocasiones, como en el caso de una finca de Ciempozuelos, dicha firma aparece como propietaria sin que conste acto de venta por parte de Torrejón.

También reclama Anticorrupción los datos económicos de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, de la que recibía pagos anuales la empresa del ex alcalde Torrejón -75.000 euros en 2005, por ejemplo-. El fiscal, además, plantea al juez que Hacienda pida relaciones de pagos e ingresos de un total de 25 empresas vinculadas a estas operaciones sospechosas de tener relación con Torrejón o Tejeiro.

El final del trayecto es obvio: la fiscalía cree hallarse ante un cúmulo de operaciones para blanquear el capital ilícitamente obtenido. Si tira del final del hilo, hallará a los testaferros de los ex alcaldes socialistas. Si tira del hilo hacia atrás, localizará a los contratistas o constructores que les dieron ilegalmente fondos como cohecho.

Por tanto, de la misma investigación patrimonial saldrán los delitos urbanísticos o de amaño de adjudicaciones que originaron el injustificado capital de ambos ex alcaldes. La operativa del alcalde destapada por el análisis del fiscal apunta una veintena de compraventas inmobiliarias sospechosas y una larga serie de pagos de empresas vinculadas con su ámbito de Gobierno.