El rastreo patrimonial, clave para buscar el delito

La investigación judicial del caso Ciempozuelos por la presunta corrupción de sus ex regidores socialistas Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón avanza con lentitud notable. Tal diagnóstico lo comparten acusaciones particulares e investigadores, pero difieren en sus causas. El PP ve intencionalidad política en tal parálisis. Los investigadores lo atribuyen a un sinnúmero de escollos. Anticorrupción tuvo noticia del blanqueo en Andorra del dinero de los ex regidores de Ciempozuelos el 3 de octubre de 2006. Pero el 20 de octubre el informe que lo denunciaba fue revelado por la prensa. Esto eliminó toda sorpresa en las diligencias que cuatro días antes había abierto esa fiscalía.

A partir de aquí, ¿qué se podía hacer? Como mínimo, grabar las conversaciones de los regidores socialistas, pero esta medida se frustró también por la elevada fianza exigida por el juez, que motivó el forzoso ingreso en prisión de Torrejón y Tejeiro. Tras esta sucesión de escollos -investigación filtrada, escuchas reventadas, un contrato con Esprode usado como pretexto para justificar ingresos en Andorra que se reveló falso- ¿qué quedaba para buscar pruebas contra los ex regidores? La única salida para Anticorrupción, cuya autonomía investigadora cesó en cuanto asumió el juzgado el caso, ha sido examinar durante las últimas semanas toda la documentación patrimonial obrante ya en el sumario, aunque no se han cumplido aún las diligencias que pidió en octubre. Y, a partir de ahí, lanzar una ofensiva para cribar todo movimiento económico e inmobiliario de los sospechosos y abandonar la tesis de que el contrato de Esprode encubría una comisión de 18 millones de euros.

El contrato no sería la prueba de un pago, sino de "la manifestación de la relación que unía a ambos" con dicha sociedad. Por tanto, se trata de analizar decenas de posibles pagos o corruptelas y no una sola gran operación urbanística. Anticorrupción parte de una certeza: el patrimonio ya conocido de ambos ex alcaldes, incluidos sus alegatos para explicar el dinero que depositaron en Andorra y para validar el pago de la fianza que les permitió salir de prisión, no es posible justificarlo con sus ingresos oficiales y legales. El fiscal ha corregido al alza las sospechas que vertió al inicio sobre tal fortuna.