El alcalde de Riba-roja pidió 7,8 millones a un empresario para aprobar un PAI

El alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, del PP, pidió al empresario Vicente Pérez Saura una "donación" de cerca de 7,8 millones de euros como paso previo para adjudicarle un PAI en la citada localidad. El empresario se negó y el PAI está paralizado. Así lo declaró el empresario a la Fiscalía en julio y lo ratificó la pasada semana. Y no era la primera vez. Tarazona ya pidió en 2002 al mismo empresario otra "donación" de 120.000 euros previa a adjudicarle otro PAI, que el constructor sí pagó. Un juzgado de Llíria, que investiga el caso, ha citado hoy al alcalde a declarar como imputado.

Francisco Tarazona está imputado por cuatro supuestos delitos

El constructor dio en 2002 una donación de 120.000 euros al Ayuntamiento

Francisco Tarazona está citado a declarar por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Llíria, que ha incoado diligencias previas después de que el empresario pusiera el pasado mes de julio en conocimiento de la Fiscalía los hechos. Una declaración que ratificó hace una semana, según fuentes judiciales.

El empresario, administrador de varias sociedades, presentó en 2001 al consistorio un proyecto de urbanización en el área conocida como Gallipont, que el Ayuntamiento aprobó en octubre de 2002. Su sociedad, Ribalge, fue designada como urbanizadora.

El empresario asegura en su declaración -según consta en la documentación que obra en poder del juzgado- que antes de la adjudicación, concretamente el 6 de septiembre de 2002, durante un encuentro entre el empresario y el alcalde, este último dijo que para adoptar el acuerdo municipal la mercantil tenía que pagar lo que el alcalde denominó, "impuesto revolucionario". Se refería con esta expresión a una donación de 120.000 euros al Ayuntamiento, "sin la cual no se adoptaría la citada resolución", según la declaración del constructor.

Además, el primer edil solicitó al empresario que pagase una cena -en un salón de su propiedad- durante la celebración de unas fiestas locales. Pérez Saura entendió que este gasto ya se incluía en el donativo que había dado. Una cena que nadie le ha pagado hasta la fecha, de acuerdo con el relato del empresario.

Un año después, en octubre de 2003, el constructor presentó un nuevo PAI en la unidad 4 del área conocida como Gallipont. El alcalde del PP volvió a demandar otro donativo para el Ayuntamiento de seis euros por metro cuadrado de una actuación urbanística prevista en 32.000 metros cuadrados (192.000 euros, en total). El empresario se negó y Tarazona le advirtió entonces de que no se lo iba a aprobar. Según Pérez Ventura, la conversación entre ambos se produce en el despacho del alcalde sin testigos.

Este PAI queda pendiente hasta que en el mes de noviembre de 2005 el Ayuntamiento de Riba-roja publica el edicto para sacar a exposición pública. "Al día de hoy continúa sin adjudicarse", explican fuentes municipales.

Las cosas no quedan ahí. La situación se repite. En junio de 2005, la sociedad Gestión de Terrenos de Riba-roja, SL, creada un mes antes, presentó una propuesta sobre un PAI de suelo industrial denominado Sector sub 5 en este municipio de Camp de Túria. La superficie afectada era de 1,3 millones de metros cuadrados no urbanizables.

A punto de expirar el plazo de presentación de alternativas económicas para adjudicar este PAI, la sociedad Ribalge presentó una oferta económica que rebajaba en 20 millones de euros la de Gestión de Terrenos de Riba-roja, SL -cuya oferta económica ascendía a 52 millones de euros. El alcalde decidió no abrir en la fecha prevista las plicas y aplazó este acto 20 días. Cuando se cumplió el nuevo plazo, se abrieron las ofertas, pero hoy el proyecto sigue sin adjudicarse.

Sobre este último caso, en su declaración a la Fiscalía, el empresario Pérez Saura explica que al ser su plica la más baja económicamente, el alcalde volvió a exigirle el pago de otro "donativo" para el Ayuntamiento de Riba-roja. Este se cifraba en seis euros el metro cuadrado de la actuación, lo que elevaría el donativo a unos 7,8 millones de euros. El empresario volvió a negarse.

Desde entonces ha transcurrido un año y el expediente del citado PAI sigue sin adjudicarse.

Además de estos casos, Francisco Tarazona está en la actualidad imputado por supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, y uso de información privilegiada. Junto él, están imputados otros dos ediles del PP, familiares suyos, por varios delitos relacionados con el proyecto urbanístico de Porxinos. En este espacio, el Valencia C. F. pretende ubicar su ciudad deportiva y se prevé la construcción de miles de viviendas. Este procedimiento judicial contra Tarazona se abrió tras la presentación el pasado mes de agosto de una querella por parte del PSPV-PSOE, donde denunciaban una trama de intereses urbanísticos y uso de información privilegiada en torno al alcalde y su familia.

A mediados del pasado mes de diciembre fueron a declarar al Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria varios familiares de Tarazona por este caso. La querella de los socialistas contra Tarazona y sus dos sobrinos, a la vez ediles de Riba-roja, sostiene que su gestión urbanística ha despojado de patrimonio al municipio por la venta a los agentes urbanizadores del 10% de aprovechamiento que recibe esta población del Camp de Túria en los PAI.

El PAI de Porxinos ha sido paralizado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia valenciano de forma cautelar por carecer del informe sobre abastecimiento de agua que debería haber emitido la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Pese a las imputaciones, el PP ha vuelto a designar a Tarazona candidato a la alcaldía de esta localidad de Camp de Túria a los comicios del 27 de mayo de 2007.