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Controversia política por el 'caso De Juana'

El pronóstico de que De Juana podía entrar en coma precipitó su prisión atenuada

Zapatero y Rubalcaba decidieron la salida a la crisis a final de febrero en contacto con Imaz

La decisión del Gobierno de que el preso etarra Iñaki de Juana pasara a prisión atenuada no fue tomada el jueves, 1 de marzo, cuando se notificó oficialmente a los partidos, sino unos días antes. Fue el fin de semana del 25 de febrero cuando los médicos que le atendían informaron a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de que su vida corría grave peligro, que podía entrar en coma y tener una muerte súbita. Fue en ese momento cuando el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tomó la decisión, previa consulta con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El viernes 23 de febrero, De Juana se quitó con sus manos la sonda nasogástrica por la que recibía alimentación forzosa y su estado de salud entró en una fase que alarmó extraordinariamente a los médicos que le atendían y que, según una resolución de la Audiencia Nacional, tenían el mandato de impedir que se muriera. Temieron que De Juana, que ya llevaba 109 días en huelga de hambre, entrara en coma y pudiera morir en dos días, esto es, en mucho menos tiempo del que se dijo oficialmente.

Instituciones Penitenciarias notificó la situación al ministro del Interior y éste al presidente del Gobierno. Ambos venían siguiendo muy de cerca desde meses atrás la situación de De Juana, que consideraban "muy delicada" desde un punto de vista jurídico, humano y político y la opción de calificarlo en prisión atenuada ya la habían barajado, especialmente una vez que el Tribunal Supremo adelantase, una semana antes, su decisión de reducir su pena a tres años, de los que ya había cumplido más de uno.

Curiosamente, ese fin de semana, el sábado 24 de febrero, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), con el apoyo del PP, se manifestó en la plaza de Colón de Madrid, exigiendo al Gobierno que De Juana cumpliera íntegramente su pena.

Así es que Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba, cuando comprobaron que estaban ante el riesgo de que De Juana tuviera una muerte súbita, tomaron la decisión de situar en prisión atenuada al recluso etarra, a sabiendas de que el PP iba a lanzar una gran ofensiva política contra el Gobierno.

Sin reunión específica

No hubo ninguna reunión específica de Zapatero con su equipo político de máxima confianza para tomar la decisión. El presidente del Gobierno consultó con personas próximas, como la vicepresidenta primera. Rubalcaba, que mantiene un hilo directo y muy frecuente con el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, lo tuvo informado de la situación y recogió, también, las sugerencias del líder nacionalista vasco.

Todos los grupos políticos fueron informados de la decisión del Gobierno antes de que De Juana fuera conducido a un hospital del País Vasco en la mañana del jueves en una ambulancia. Fuentes gubernamentales aseguran que entre la tarde y la noche del miércoles, los portavoces de los grupos parlamentarios tuvieron un preaviso de Rubalcaba, que lo formalizó al día siguiente, por la mañana, con otra ronda.

En la decisión de Zapatero y Rubalcaba pesaron factores legales, políticos y, sobre todo, humanos. En este sentido, coincidieron en valorar el auto del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, en el que resaltaba cómo la prisión atenuada para De Juana, propuesta por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, consagraba la grandeza del Estado de derecho al dar prioridad a salvar la vida del preso etarra frente a otro tipo de consideraciones.

De hecho, la intervención de Rubalcaba, el jueves en el Congreso, para explicar la decisión, estuvo muy marcada por el auto del juez. "Una de las diferencias entre los terroristas y los que no lo somos es que a nosotros nos importa la vida, la de todas las personas, sean o no terroristas, y en esto reside nuestra legitimidad moral", dijo Rubalcaba.

A Zapatero le pesaba toda la trayectoria que había seguido el caso de De Juana, plagado de contradicciones jurídicas, con su protagonista en huelga de hambre. Primero, el cumplimiento de su condena por los 25 asesinatos en agosto de 2005. Luego, la imputación de un nuevo delito por escribir dos artículos de opinión en el diario Gara; la petición de excarcelación del juez Santiago Pedraz por no encontrar delito en tales artículos; luego, la petición de hasta 96 años de prisión por "amenazas terroristas"; posteriormente, la rebaja a 12 años por la Audiencia Nacional y, finalmente, la resolución del Tribunal Supremo que le condenó a tres años a finales de febrero por "amenazas no terroristas y enaltecimiento del terrorismo".

Pero lo que le pesó, sobre todo, a Zapatero, según fuentes de su entorno, fue que De Juana pudiera morir en prisión, bajo la responsabilidad del Estado, cuando sólo le faltaba poco más de un año para cumplir su condena. Ni Zapatero ni Rubalcaba querían que se reprodujera la historia del preso del IRA Bobby Sands, muerto en prisión en una huelga de hambre, a principios de los años ochenta, durante el Gobierno de Margaret Thatcher, y a la que siguieron una decena. En La Moncloa se cree que ese desenlace trágico "retrasó el proceso de paz irlandés 15 años".

De ahí que, en su primera intervención pública, el sábado en el Comité Federal de su partido, tras la decisión de poner en prisión atenuada a De Juana, Zapatero insistió: "Creemos en el valor supremo de la vida y en el objetivo de que no haya más muertes por terrorismo". Y añadió: "Hemos querido evitar la muerte de quien no conoce la piedad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de marzo de 2007