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Porro ocultó un convenio de 1,5 millones con la promotora de un centro comercial ilegal

No hay constancia en el Ayuntamiento del gasto de un millón aportado por la inmobiliaria

La alcaldesa de Vigo, Corina Porro, firmó en 2005 un convenio con la promotora del centro comercial Gran Vía, ING Real Estate Development Spain Holding, S.A, que se ha mantenido oculto. La promotora se comprometió entonces a aportar "hasta un máximo" de 1,5 millones de euros para financiar actividades en Vigo durante ese año. La corporación municipal no ha sido informada de la existencia del convenio, que sólo conocían un puñado de personas. El centro comercial ha motivado, por su ilegalidad, la anulación por el Tribunal Supremo del plan parcial de Finca do Conde.

Las licencias para la construcción del centro comercial Gran Vía fueron otorgadas por el actual gobierno municipal de Vigo en enero de 2004, pese a existir tres sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulaban el plan parcial de Finca do Conde donde el centro comercial se ubica. Una de estas sentencias fue confirmada hace dos semanas por el Tribunal Supremo. Desde el gobierno municipal se justificó la concesión de las licencias en la obligación inexorable de cumplir el acto administrativo.

El convenio con la promotora del centro, ING Real Estate Development Spain Holding, S.A. fue firmado el 12 de abril de 2005 por la alcaldesa, Corina Porro, y Johannes Gijsbertus Franciscus Eijkemans y Ángel Severino Rodríguez Campos en representación de la inmobiliaria.

El Ayuntamiento de Vigo declara en el texto "el deseo de cumplir con eficiencia su programación institucional recogida en su proyecto Vigo 2005, que se configura alrededor de la salida desde Vigo de la Vuelta al Mundo a Vela". "A la vista del proyecto presentado" por ING Real Estate, el Ayuntamiento "la considera como agente preferente en la cooperación y participación en los proyectos y programas culturales que se pretende desarrollar a lo largo del año en curso".

El Ayuntamiento "organizará y coordinará las actividades que ambas partes definan" e ING Real Estate aportará al convenio 500.000 euros, "cantidad que podrá incrementarse (...) hasta un máximo de 1.500.000 euros, suficientes para cubrir el coste de las actividades que se definan, haciéndose cargo, en consecuencia, del pago de las facturas que se generen por este concepto", se dice en las cláusulas.

Al ocultar la existencia del convenio, la Alcaldía tampoco ha tenido que dar cuenta alguna de las actividades que se realizaron con cargo al mismo. No se sabe si se agotó la dotación prevista del millón y medio de euros ni en qué. El desarrollo del acuerdo, según estipulaba otra de sus cláusulas, "no supone gasto para las arcas del Ayuntamiento; en consecuencia, no es necesario informe de Intervención General". Ni dar cuenta a los órganos administrativos y representativos del Ayuntamiento.

El acuerdo establecía la creación de una comisión de seguimiento paritaria, aunque la alcaldesa quedaba "facultada para resolver en última instancia las controversias derivadas de la ejecución de este convenio". ING Real Estate imponía su nombre y anagrama, "ocupando un espacio similar al del Ayuntamiento de Vigo", en cuantas actividades se fueran a realizar hasta que el acuerdo caducara, de modo improrrogable, el 31 de diciembre de 2005.

Un informe jurídico reclamado por la Alcaldía al secretario del Ayuntamiento señala que "el contenido del convenio es totalmente atípico". Lo enmarca "en una política estratégica para la difusión del nombre comercial de una empresa", que financia actividades de interés municipal, "dado que son propuestas por el Ayuntamiento", y recomienda que sean el concejal y el jefe del servicio municipal de Cultura los que representen al Ayuntamiento en la comisión de seguimiento del convenio. El secretario también echa en falta un anexo al que se alude en el acuerdo.

"Dado que no habrá transferencias de fondos a las arcas municipales, ni las actividades suponen ningún gasto para el Ayuntamiento", concluye el secretario, "entiéndese correcta la previsión que indica la innecesariedad del informe de la Intervención General".

La propuesta del informe sobre la representación municipal en la comisión de seguimiento del convenio fue desoída. Esa representación fue asumida por María Pilar Mapi Egea, jefa del Gabinete de la Alcaldía y persona de máxima confianza de la alcaldesa Corina Porro. Egea no ha podido concretar qué actividades se cubrieron económicamente con cargo al convenio.

Sólo de 500.000 euros

En el anexo del acuerdo, al que también ha tenido acceso EL PAÍS, se marcan las primeras actividades que se cargan contra la entrega inicial de 500.000 euros: concurso nacional de piano Vigo 2005, VIG05 a festa do mar con sus banderolas, elaboración de una carroza para la Batalla de Flores y publicidad de la misma (la carroza costó 12.000 euros y la publicidad, 137.000), Campeonato del Mundo Boat G.P., la página web y una lona de VIG05. No fueron las únicas actividades ni tampoco tuvieron que ser necesariamente las citadas, ya que, según Mapi Egea, la programación con cargo al convenio cambió varias veces sobre la marcha.

El 30 de junio una orden de servicio de la Alcaldía instó a hacer propuesta a ING Real Estate "para incrementar su participación hasta 1.500.000 euros; es decir, un incremento de 1.000.000 de euros sobre la situación actual", que es tramitada al día siguiente por el jefe del servicio administrativo de Alcaldía. A partir de ahí se pierde todo rastro sobre las aportaciones de la promotora inmobiliaria.

En Finca do Conde sigue abierta la brecha política

Ventura Pérez Mariño tuvo que ceder el bastón de alcalde en diciembre de 2003, a los seis meses de recibirlo, por el desencuentro con sus socios del BNG en asuntos urbanísticos. En Finca do Conde el encontronazo se hizo patente desde el primer momento. El grupo municipal socialista intentó por todos los medios paralizar el plan parcial que permitía edificar 114 viviendas en dos torres, que ya habían empezado a construirse, y un centro comercial, para el que se reclamaba licencia de obras. Contra el plan parcial, aducían los socialistas, había tres sentencias anulatorias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, de ser confirmadas por el Tribunal Supremo, causarían un cuantioso quebranto al Ayuntamiento. La primera de estas sentencias, anulando el plan, fue conocida hace unas semanas, y abrió la caja de los truenos en la política local.

El plan parcial de Finca do Conde había sido aprobado en 1999 por el alcalde popular Manuel Pérez, cuando ya estaba con un pie fuera de la Alcaldía y pese a las impugnaciones en contra de la propia Xunta del PP. La siguiente corporación, presidida por el nacionalista Lois Pérez Castrillo, anuló el plan y luego tuvo que revocar ese acuerdo por dictamen del Consello Consultivo de Galicia. Autorizó luego la construcción de las dos torres y, una semana después, se daban a conocer las sentencias anulatorias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El plan general

Pérez Mariño y sus concejales perdieron todos los recursos políticos y judiciales con los que intentaron paralizar el plan de Finca do Conde. La concesión de las licencias para construir el centro comercial fue uno de los primeros actos administrativos del PP, en enero de 2004, ya con Corina Porro en la Alcaldía.

La sentencia anulatoria del Tribunal Supremo, que no admite más recursos, ha llegado antes de que el centro comercial haya podido ser legalizado por el plan general de urbanismo, atascado en la Xunta. Con otro calendario, es decir, de haberse producido antes la aprobación del plan general, la sentencia del Supremo no tendría mayor efecto y el plan de Finca do Conde estaría ahora en solfa. Consecuentemente, tampoco habría aflorado el convenio entre la Alcaldía y la promotora del centro comercial, ING Real Estate.

Pero, al hilo de la sentencia del Supremo, portavoces socialistas de Vigo relacionaron la autorización para construir el centro comercial Gran Vía, el mayor de Galicia (41.246 metros cuadrados útiles), con una financiación oculta canalizada por su promotora. El PP lo rechazó con gran estrépito. Al cabo, esa financiación oculta ha resultado ser cierta.

"No hubo segunda entrega"

El anexo del convenio de la Alcaldía de Vigo con ING Real Estate Development Spain Holding, S.A factura distintas actividades con cargo a la primera entrega de 500.000 euros. Según la jefa del gabinete de la Alcaldía, María Pilar Egea, por el Ayuntamiento ya no pasó ningún otro documento relativo a la gestión o que permitiera conocer el detalle de ninguna otra aportación de ING Real Estate. "No hubo segunda entrega", aseguró.

"El convenio se hizo porque para ING la ciudad era nueva y quiso darse unas garantías. Después, con las cosas en marcha, prescindió de esos trámites y ejecutó directamente con los proveedores de las distintas actividades. Desconocemos las cantidades asignadas a cada actividad y el montante total de lo que ING gastó en Vigo", añadió.

ING Real Estate tuvo una presencia destacada en los fastos de la Vuelta al Mundo a Vela, que salió de Vigo en noviembre de 2005. La finalidad del acuerdo con esta inmobiliaria no difirió, según Egea, de otros que alentó la Alcaldía con otras empresas patrocinadoras de actividades con motivo de la regata. Esto es, compensar la relegación a que la Xunta, y concretamente la titular de Cultura, Pilar Rojo, sometía a Vigo dentro del programa de actividades del acontecimiento. "Todo se iba para Sanxenxo", explicó María Pilar Egea.

Por este motivo, desde la Alcaldía se procuraron con los patrocinadores acuerdos complementarios de los que ya habían suscrito con la Xunta para programar actividades específicas en Vigo. Los patrocinadores organizaban y pagaban directamente a sus proveedores y el ayuntamiento se limitaba a prestar su colaboración logística e institucional. No hay constancia documental de esos acuerdos "por existir con los patrocinadores convenios estables y estimarse innecesario". Esa pauta se habría aplicado al millón restante del convenio de ING Real Estate.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de marzo de 2007

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