El Gobierno valenciano bloquea la mayor desaladora alegando "impacto ambiental"

La Generalitat valenciana impidió ayer el acceso a las obras de la desaladora que la empresa pública Acuamed construye en Torrevieja, la mayor de España y una de las más grandes del mundo, al bloquear la entrada desde una carretera comarcal. El Gobierno valenciano, en defensa del derogado trasvase del Ebro, se opone a la planta alegando supuestas carencias ambientales y ha abierto expediente sancionador. El consejero de Territorio, Esteban González Pons, calificó la desaladora como "central nuclear del mar". El Ministerio de Medio Ambiente reaccionó con sorpresa e indignación ya que en los 18 meses de tramitación de la obra la Generalitat nunca alegó en contra.

La Generalitat valenciana bloqueó ayer, dos días después de la colocación de la primera piedra, las obras de la mayor desaladora de Europa, que impulsa el Gobierno en Torrevieja. La planta producirá inicialmente 80 hectómetros cúbicos de agua al año, ampliables a 120, lo que la convertiría en la mayor desaladora del mundo. La Consejería de Infraestructuras y Transporte habilitó por sorpresa un quitamiedos en la entrada a la zona de obras desde la carretera comarcal más próxima y justificó su decisión en la falta de permiso del ministerio para abrir el camino.

El Gobierno valenciano calificó la decisión como meramente técnica, pero al bloqueo de la carretera se suma el anuncio de expediente que ayer notificó a la empresa pública Acuamed, del Ministerio de Medio Ambiente. En ese expediente, la Generalitat le da al Gobierno cinco días para explicar supuestas deficiencias en la tramitación ambiental de la obra antes de paralizar los trabajos.

El Ejecutivo de Francisco Camps critica que la planta esté situada en el perímetro de protección del parque natural de las salinas de Torrevieja y considera que por eso viola la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana y el decreto autonómico por el que se ordenan las zonas periféricas de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante. Así que los camiones se quedaron ayer sin poder acceder a la planta y en unos días las obras pueden quedar suspendidas.

La decisión del Gobierno autónomo, aunque anunciada, molestó a los responsables del Minsiterio de Medio Ambiente. El director general de Acuamed, Adrián Baltanás, no quiso entrar en polémica aunque destacó que "en septiembre de 2005 se sacó a información pública el proyecto y la Generalitat no hizo alegaciones; después se aprobó la declaración de impacto ambiental y pedimos permiso para ampliar la planta. Se le mandó la información a seis direcciones generales del Gobierno valenciano y ninguna contestó ni puso objeciones". Baltanás destacó que en el mismo perímetro de protección de la desaladora hay ya una subestación eléctrica, un hospital y una depuradora aunque confió en convencer esta semana al Gobierno valencia para evitar la suspensión de las obras.

Aunque otras desaladoras se han construido por la vía de urgencia y han comenzado a funcionar con el vertido de salmuera de forma provisional, en la de Torrevieja el Gobierno central respetó todos los trámites.

Fuentes del departamento que dirige Cristina Narbona han mostrado en estos últimos meses su indignación por la polémica ya que la costa de Torrevieja es de las más construidas de España.

Así, la decisión del Ejecutivo autónomo supone una escalada en su pulso con el Gobierno central por la falta de agua en la región. La pugna comenzó en junio de 2004, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogó el trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana. El consejero de Territorio, Esteban González Pons, ha calificado la desaladora -que recordó es la más grande de Europa y una de las mayores del mundo- como "central nuclear del mar".

El miércoles, el Consell y el Ayuntamiento de Torrevieja, también del PP, optaron por no participar en el acto de colocación de la primera piedra. Una ausencia especialmente destacada si se tiene en cuenta que en la inauguración sí participó un representante de la Región de Murcia, también del PP y aliado en defensa de los trasvases del Ebro y del Tajo.

Hasta ahora, las comunidades y ayuntamientos del PP habían puesto trabas a las desaladoras -Murcia llegó a aprobar un impuesto al agua desalada que luego retiró- pero nunca habían llegado tan lejos.